Patxi deja Chueca y pide un Palacio público: el cambio

El terrorismo se disolvió pero Patxi se siente inseguro y con sus delirios de grandeza deja al millonario Jesús Posada (PP) como un harapiento. Hablamos del presidente del Congreso, Patxi López, que ha hecho en 100 días lo que parecía imposible: a su escasa habilidad para dirigir los debates –en esto no se distingue de Posada– cercenando la palabra de los oradores aludidos con exagerado rigor, se le une el gusto por el lujo asiático a costa del contribuyente, vicio que heredó de otro socialista esperpéntico: Pepe Bono, que se hizo multimillonario en política, se metió en negocios de caballos (Hípica Almenara), acumula 12 propiedades y ahora vive una segunda juventud rosa a todo tren tras su divorcio. En “Espía en el Congreso” estamos a favor de un cambio de Gobierno y nos hemos dejado jirones de piel en ello pero aunque sabemos de la tendencia del socialismo hispano hacia el glamour y la riqueza (siempre con dinero ajeno) y las urnas lo han situado en el liderazgo del cambio en España, si eso supone tener que “tragar” con las excentricidades –por no tipificarlo penalmente– de Patxi López, Pepe Bono y compañía, lo mejor no es repetir las elecciones sino dejarles que ejerzan el poder a sus anchas para comprobar lo poco que cambian las cosas con respecto al PP y que Podemos –y/o Ciudadanos– ejerzan una Oposición digna.

La prensa vasca está escandalizada con sus aires de nuevo rico

Ante el escándalo que supone que al abultado sueldo del presidente del Congreso se le sumen estas canonjías añadidas al cargo en plena crisis económica que ahoga a España, asfixia a sus pymes, autónomos y profesionales, penaliza el emprendimiento, privilegia a los funcionarios y mantiene a los ciudadanos con las más altas tasas de paro de la Unión Europea, se le une un asunto olvidado: la residencia de los presidentes de las cámaras. El Senado también tiene una, y Jesús Posada (PP) abandonó la del Congreso al recordar los gruesos epítetos que tuvieron que soportar los socialistas cuando la construyeron en tiempos de Félix Pons. Resulta curiosa esta persistente tendencia de las élites del socialismo español hacia el lujo con dinero ajeno: “Todo para el pueblo y por el pueblo, pero sin el pueblo”, decían los déspotas ilustrados. Y aunque Pedro Sánchez conecta mejor con la austeridad de sus bases, sus viejos “compañeros de viaje” son incorregibles: en cuanto huelen un centímetro de poder lo aprovechan y apuran el vaso del erario público hasta las heces.

Patxi López y Posada: amigos y residentes en Palacio

Es el caso de Patxi López, un tipo aparentemente normal que hasta adquirió la simpatía de quienes detestaban los modos y maneras chulescos y muchas veces cargados –y no precisamente de razones– de Jesús Posada (PP). Había presidido el País Vasco con cierta austeridad -o al menos no recibió denuncias por ello, aunque la prensa de Euskadi es muy dócil con el poder y su sociedad política es muy cerrada, corporativista y hermética– pero ha sido llegar Patxi a la capital y “despendolarse”. Como le ocurrió a Pepe Bono, que al abandonar el secarral en el que habitaba quiso transformarse en “vedette” y empezó a atesorar su fortuna con la política, al pobre Patxi López cien días en las Villa y Corte lo han metamorfoseado en lo que vulgarmente se conoce como un “nuevo rico”.

Patxi López vivía en Chueca de forma discreta y modesta, pero ahora se cree que es más popular que los concursantes de Gran Hermano Vips. Ignora el político vasco que en Madrid a los cargos públicos se les suele despreciar con la ignorancia y la invisibilidad, cualquier encuesta sobre su fisonomía daría altísimos resultados sobre su desconocimiento público. Pero Patxi López se ha dejado figuradamente la boina en el armario y ha venido a Madrid para vivir en un Palacio y a cuerpo de rey. Y no tenemos nada contra sus ordinarios gustos de riqueza y oropel en tiempos de crisis, sino solamente contra esa maniática y delictiva tendencia a sufragarlos con dinero público.

El presidente del Congreso ha llamado a la Agencia Efe para justificar de manera apócrifa a través de su jefe de prensa lo que es injustificable. Y lo ha hecho además faltando a la verdad. Es cierto que muchos periodistas lo silencian para no frustrar el cambio de Gobierno y no poner palos en las ruedas para que el PP se regenere en la Oposición. Lo entendemos pero eso no obliga a «Espía en el Congreso» a comulgar con la mentira oficial: decir que se traslada de Chueca a Los Jerónimos por “falta de seguridad” no obedece a la realidad: ETA se disolvió hace mucho tiempo y los políticos vascos ya no están amenazados por nadie sino por las víctimas de la crisis, que son muchas. Y éstas solo portan como armas su indignación y vergüenza por la falta de trabajo, el exceso de miseria e incluso el hambre. Cuando se descubra el número de altos cargos de la Administración que aún llevan escolta (servicios públicos de policía 24 horas que pagamos todos) y que usan hasta para hacer la compra, junto con el dinero que cuesta todo este despilfarro del que viven a costa de la ya fenecida ETA, los ciudadanos se llevarán las manos a la cabeza. No es ETA sino jeta. El actual ministro Jorge Fernández Díaz (PP) no ha suprimido ni un solo escolta y por eso los socialistas no desean que ni Podemos ni Ciudadanos se acerquen a esta cartera de Gobierno: pretenden perpetuar estos privilegios públicos sine die. Ese es el «cambio».

Patxi López dice a la Agencia Efe que el uso del piso “además lo declara a Hacienda”, como si declarar el IRPF fuera algo ajeno a la política que sus protagonistas conceden como si fuera una gracia personal. Y no dice mal Patxi, porque así ha sido y es: los diputados y políticos no pueden ser inspeccionados por la Agencia Tributaria sin que al funcionario le salte una alarma interna y recaigan sobre él sospechas para que dé explicaciones a sus jefes políticos, de los que la administración está plagada. De hecho, las declaraciones de renta y patrimonio que presentan los parlamentarios a las cámaras no son comprobadas por ningún órgano de la administración. Se fian de su propia palabra. Imagínense que cada ciudadano tributase por lo que él mismo consignase sin comprobación alguna. Todo impunidad.

Patxi López y señora: los nuevos reyes de la Villa y Corte

Patxi López exhibe otro ejemplo a la Agencia Efe: “Eso sí, aunque la superficie de la residencia es mayor, López ordenó que se hiciera un prorrateo del único espacio que utiliza, y así se han computado 100 metros cuadrados de uso, considerados retribución en especie, que se repercute en su nómina mensual y que constará en la declaración de la renta que haga el año próximo”. Teniendo en cuenta que la casa tiene 1.000 metros cuadrados: ¿quien ocupa los otros 900? ¿se venderán o alquilarán? ¿se cerrarán? ¿Ha dejado comprobar esto a los periodistas o a la oposición? ¿Y al Fisco? Nada de eso dice Patxi López, por lo que es lógico pensar que en la explicación hay gato encerrado. Y respecto a la tributación del pago en especie, Patxi López intenta hacerlo pasar como algo anormal, excepcional y generoso cuando es la norma habitual en la empresa privada española: los pagos en especie de este calibre (un Palacio) tributan. La citada impunidad de los políticos les lleva a la ceguera de los contextos laborales que pisan y en los que nunca han ejercido de nada más que políticos: los que nunca pagan.

“Las fuentes cercanas a la Presidencia han remarcado que la utilización de la vivienda no supone ningún coste adicional significativo respecto a la anterior legislatura, en la cual permaneció cerrada porque el anterior presidente de la Cámara, Jesús Posada, renunció al disponer de vivienda propia en la capital. Esto es así porque la residencia era igualmente sometida a limpieza periódica y contaba con la misma dotación de personal de seguridad a cargo de agentes de Policía Nacional, solo que ahora se distribuyen de modo diferente” ha dicho Patxi López a la Agencia Efe. Esto significa que el atropello a los fondos públicos es múltiple: se ha mantenido una vivienda pública vacía en lugar de venderla o alquilarla para paliar los graves problemas de desahucios y miseria laboral que padece la población española. Y vacía incluso, se limpiaba y se vigilaba como si estuviera habitada. Esta gestión y dilapidación de fondos estatales merecería la cárcel o la expulsión de la función pública al encargado de controlarla. Pero el nuevo inquilino se calla y no pide responsabilidades: él va a hacer exactamente lo mismo.

Pepe Bono y Jesús Posada: los antecedentes

“Patxi López dispone de un apartamento de alquiler en el centro de Madrid, pero el personal de seguridad del Congreso le advirtió de que no cumplía con las condiciones de seguridad adecuadas. Por ello se trasladó a la residencia que antes han usado los presidentes de las Cortes sin domicilio familiar en Madrid”, ha alegado el presidente del Congreso. Nada más irreal: la inseguridad del barrio de Chueca no debe ser tan grave cuando allí vive el presidente del Tribunal Constitucional que estuvo afiliado al PP hasta que lo descubrieron (y no dimite) y numerosos jueces gays o heteros de la vecina Audiencia Nacional, Consejo General del Poder Judicial o del vecino Tribunal Supremo. A Patxi López le han vendido o quiere hacernos creer que Chueca sigue siendo el barrio de jeringuillas y yonkies de los años ochenta y piensa que cuatro décadas después no se ha convertido uno de los residenciales más “chics” y divertidos de Madrid. Patxi López evidencia con ello una visión algo palurda y tópica de este barrio madrileño.

Palacio público del presidente del Senado en Moncloa: dicen que está vacío pero se limpia y se custodia, aunque Pio G. Escudero no deja verlo

Además, “Patxi López ha renunciado a la retribución que le corresponde como presidente de la Comisión de Reglamento, unos 1.430 euros”, le ha dicho a la Agencia Efe. Son tan caraduras nuestros políticos que “venden” como una “renuncia” el cobro ilegal de un invisible trabajo en una comisión que no se reune o lo hace dos veces al año. Esta es una de las más lacerantes lacras heredadas del bipartidismo: crear comisiones que no sirven para nada y no subsumirlas en otras de trabajo parecido por el solo objetivo de cobrar dos veces. “La vicepresidenta tercera, la también socialista Micaela Navarro, también ha renunciado a cobrar como integrante de esta comisión, que en la anterior legislatura apenas celebró reuniones”, alega Patxi. La legislatura, para los que lo desconozcan, dura 4 años. ¿Cuando cobraron sus predecesores en 4 años por una comisión que “apenas celebró reuniones?”. El bipartidismo oculta esta sangría porque es también escandalosa.

Patxi (PSOE) y Pio (PP): no hay tantas diferencias en su estilo de vida a costa del contribuyente

“Los únicos gastos que han supuesto su puesta a punto de la residencia oficial del presidente del Congreso han sido la reparación de un frigorífico, por valor de 391,80 euros, y la adquisición de mantas, colchas y un centro de planchado, según las fuentes. Las labores de limpieza que antes desempeñaba una limpiadora de mañana se han aumentado con otra de tarde, pero su coste ha sido asumido por la empresa encargada del servicio. Además, recalcan las fuentes próximas a la Presidencia, la manutención del presidente corre a cargo del propio Patxi López, cosa que antes no sucedía”. La tomadura de pelo es monumental, nunca mejor empleada la expresión: el pobre Patxi López no podía comprar su ropa de cama para su residencia pública gratuita porque su sueldo de 14.000 euros al mes no le llega. Ha doblado la tarea de la empleada de hogar, pagada con fondos públicos, pero no le cobra la empresa ese doble turno. ¿Por qué? ¿Cuanto nos cuesta a todos ese contrato de limpieza que a la empresa que lo presta no le resulta oneroso doblar el trabajo a coste cero?. Y además, “la manutención del presidente corre a cargo del propio Patxi López, cosa que antes no sucedía”, porque Jesús Posada, Federico Trillo, Pepe Bono y Félix Pons comían y cenaban todos los días con un restaurante que les llevaba la comida a casa. Sí, como lo oyen: para ellos, su familia y sus invitados. Todo pagado a escote… entre todos los españoles. ¡Aupa Patxi!

Fuentes:

20 Minutos

El Correo

El Confidencial

El País

Voz Pópuli

El Mundo

El Confidencial

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Rajoy y Bárcenas pactaron el uso de la cuenta suiza: la banquera estuvo al tanto

El 4 de octubre visita España una banquera suiza de rostro desconocido. La trae Bárcenas para que comparezca ante el juez en el juicio del “caso Gürtel”. Se llama Agathe Stimoli y viene acompañada de Frederick Mentha, otro banquero suizo cuyo rostro jamás ha salido a la luz. Ambos gestionaban las cuentas suizas de Bárcenas en el Dresdner Bank, entre ellas una en la que figura Mariano Rajoy como avalista. Todo apunta a que desde ella se manejaba el dinero negro del partido obtenido en diferentes “mordidas”: “sobres” a los dirigentes –entre ellos el propio Rajoy, que era el que más cobraba–, “préstamos” a otros (Pío García Escudero, Calixto Ayesa, Santiago Abascal)… Luis Fraga, el sobrino del fundador gallego del partido, también con cuenta en Suiza, estaba en el “ajo”. La élite del partido disponía de su caja B para campañas electorales y gastos personales “extras”, situaciones “comprometidas”, etc… Y, obviamente, no iba a estar a nombre de P.P. Por eso Bárcenas y Rajoy llegaron a un «pacto»: el tesorero se comía el marrón, se quedaba con el dinero de la cuenta y exculpaba al PP diciendo que el dinero era suyo. La «coartada» sería una venta de cuadros, limones y acciones. A cambio, pagaría algo de cárcel, su familia quedaría libre, cesarían al ministro Gallardón –que se oponía al acuerdo– y le pondrían jueces y fiscales «a medida» en el juicio. Algo se rompió por el camino. «Espía en el Congreso» cuenta la historia:

Agathe Stimoli trabaja hoy en LGT, el banco que compró el Dresdner Bank. LGT está gestionado por la familia de la Casa del Príncipe de Liechtenstein. Frederick Mentha cuenta ahora el dinero con su nuevo empleo en el H. Hentsh Asset Management, que lo presenta así: “pasó 25 años en la banca privada con instituciones de prestigio y ha desarrollado una amplia experiencia en las actividades de gestión de carteras, asesoramiento y comerciales. Frédéric Mentha ha dedicado toda su carrera a servir a una clientela internacional de alto valor neto con un fuerte enfoque en los países latinoamericanos e hispanos”.

Como los ha logrado convencer Bárcenas para que ambos vengan a España y declaren a su favor es un secreto parecido al bancario suizo, pero lo que más preocupa al avalista del tesorero del PP es que airee sus conversaciones privadas. Las íntimas y más discretas. Concretamente las que afectan a la cuenta 8401489, según desveló “Espía en el Congreso”. Luis Bárcenas y su esposa Rosa se entrevistaron con la periodista Marisa Gallero y le contaron algo que recoge su libro “Bárcenas: la caja fuerte. Los papeles secretos del tesorero del PP”. El ex senador se guarda todo para el juicio, pero deja entrever por donde tirará de la manta: “Quedo liberado de todo compromiso contigo y con el partido”, le advirtió a Rajoy en uno de sus célebres SMS. A buen entendedor…

Michavila y Arenas saben lo de Suiza, según B.

Bárcenas teme pasar muchos más años en la cárcel. No quiere ser un prófugo como Luis Roldán, que acabó detenido, con una enfermedad incurable y esquilmado por aquellos que decían quererlo ayudar a esconder el dinero fuera de España. Bárcenas sabe que fue ilegal su propia gestión de los fondos que hizo cuando era senador y por eso no le preocupa ni la caída de los mercados ni del IBEX. Ellos nunca pierden aunque baje la bolsa. Eso testificará Agathe Stimoli y lo dicen sus emails. Bárcenas mantuvo una larga conversación con Rajoy en diciembre de 2012. Este le dice que arregle todo lo de las cuentas suizas con Javier Arenas y éste intenta quitarse el muerto poniéndole como interlocutor al eurodiputado Gerardo Galeote (Gürtel). “Le dije que ni de broma…” cuenta Bárcenas.

Acebes y Galeote también conocen la cuenta suiza

Todos ellos se dedican a los bajos fondos del partido. Y el tesorero quiere gente “limpia”, con apariencia de honorabilidad: “Cuando Javier se quema ponen de interlocutores a Acebes y Michavila. Se filtra inmediatamente. Luego es Arenas, porque no queremos saber nada de Galeote” precisa Rosa Bárcenas en el libro. Acebes y Michavila son socios, el primero se ha llegado a entrevistar en pantagruélicas comidas con jueces del Tribunal Supremo, el segundo fue ministro de Justicia… Pero Bárcenas sabe que ni jueces ni políticos que han sido cómplices con la corrupción resistirán una inspección judicial, fiscal, parlamentaria o periodística en cuanto haya cambio de Gobierno y quiere recuperar su interlocución para los temas “suizos” y de dinero negro del partido: Mariano Rajoy.

“Cada vez que oigo decir al PP que soy un delincuente, pienso que el partido está lleno de ellos. Si tener dinero en Suiza sin declarar es ser un delincuente, será lo mismo que la totalidad de empresarios que hay en España, porque no hay ninguno importante que no tenga cuentas en el extranjero. Si yo soy un delincuente, ¿que era el señor Botín, que regularizó 2.000 millones de euros que tenía fuera de España”, anticipa Bárcenas en el explosivo libro. Y es ahí donde entran también Agathe Stimoli y Frederick Mentha. La gestora del tesorero del PP en el banco suizo Dresdner Bank, Ágata Stimoli, reconoció ya ante el juez Pablo Ruz que maneja una cartera de 250 clientes españoles que mantienen ingresos en la entidad por un total de 170 millones de francos suizos (138 millones de euros). Según se desprende de la transcripción de la declaración de Stimoli, prestada ante el magistrado y a la que tuvo acceso Europa Press, la gestora se hizo cargo de la cartera de clientes españoles del banco en 2005, tras la jubilación del empleado encargado hasta ese año. El interrogatorio corrió a cargo de Ruz y las dos fiscales Anticorrupción encargadas del caso Gürtel y se alargó durante casi 8 horas.

Luis Fraga, sobrino del fundador gallego, estuvo en el ajo

Bárcenas precisó en su interrogatorio ante el juez que las cantidades ingresadas en el Dresdner Bank de Ginebra entre los años 2006 y 2008, se debieron a la devolución de un préstamo concedido «a una persona muy significada«. «¿Se refiere usted a Luis Fraga?» preguntó entonces Anticorrupción. El imputado prefirió no contestar. La gestora puso de manifiesto que Bárcenas, que llegó a acumular en el banco 22 millones de euros en 2007, era uno de los principales clientes de su cartera. En cuanto a las identidades del resto de sus clientes, Stimoli destacó que «por temas de seguridad y de discreción» no se mencionan los nombres de los clientes en Suiza». Pero se guardó una carta judicial: «Lo hacemos solamente cuando es necesario», agregó. Stimoli también señaló que en el año 2009 Bárcenas dió instrucciones para diversificar sus inversiones y transferir fondos a Estados Unidos. «Supongo que lo que quería era no poner todos sus huevos en la misma cesta, quería invertir en el extranjero«, dijo.

Bárcenas pidió la cabeza del fiscal Salinas: lo único que Rajoy no pudo cumplir

Nuevo mensaje de Bárcenas a Rajoy: “cuando todavía no se conocen públicamente mis cuentas en Suiza, le envío de nuevo un mensaje a Mariano porque se lo quiero contar en persona, pero quien se pone en contacto conmigo es Arenas”. El tesorero piensa que si se va a “comer el marrón” de la cuenta suiza para salvar al partido es lógico que también se quede con el dinero. Es cuando empieza a “organizar su coartada” con el PP, según le admite a la autora del libro. Pero necesita que Rajoy cumpla su parte: quitar al ministro Gallardón, al juez Ruz y al fiscal anticorrupción Antonio Salinas, sacarlo a él de la cárcel y que “no se toque” a su esposa Rosa ni a su hijo Guillermo Bárcenas. “Espía en el Congreso” también desveló el pacto. Y todo se va cumpliendo. Por eso Rajoy se aferra personalmente al poder y ha declinado incluso el acuerdo con otros partidos si no pasa por su presidencia. Hasta ese punto ha bastardeado el PP la división de poderes en España y ha maniobrado con los fiscales.

Rajoy confió a Arenas el secreto de Suiza, según B.

Se acerca el juicio y Bárcenas avisa: Salinas sigue en su puesto y los fiscales no obedecen. Falta la última parte del acuerdo: “Perdona que te moleste. Pero como 9 meses después de vernos todo sigue igual, necesitaría que me dediques 30 minutos para explicarte la situación y cual será mi relación con el partido de ahora en adelante. Un viernes por la tarde, como la otra vez, sería perfectamente discreto”, le dice Bárcenas a Rajoy. La estrategia es clara: “atacar dos frente: Interior y Justicia”, según el libro. Policía, Guardia Civil (UDEF), ministro, CGPJ, jueces y fiscales: “todos los hilos tejidos durante 9 meses se deshicieron como el sudario en el telar de Penélope”, cuenta la autora del volumen. Y Bárcenas corrobora: quiere volver a tejer y su sastrecillo valiente es ¡Rajoy!

Pero quien conozca algo a Rajoy sabe que el coraje no está entre sus cualidades. De hecho la palabra “Suiza” le atemoriza, según cuenta Bárcenas: “En diciembre de 2012 le revelo a las máximas instancias que está a punto de llegar una comisión rogatoria y que tengo dos cuentas en Suiza”. La periodista Marisa Gallero se hace la distraída y le pregunta: “¿Quienes son las máximas instancias?. Bárcenas aguanta el silencio, jugando con la posiblidad de contarme o no la información. Y se rinde antes con la mirada: “Javier Arenas… Y Mariano Rajoy”. Vuelve a hacer una pausa para que valore la importancia de que el presidente conociera el dinero negro suizo. La respuesta de los dos es contundente. Prefieren que siga en la misma situación, que soy una persona del partido y no van a cambiar las condiciones”. Bárcenas se quedó perplejo: “Me pareció tan frívola la contestación de Mariano que todavía no me la creo: “¿Las has regularizado? es que tenemos un problema cuando salgan las cuentas, que se hubiera podido administrar de otra forma”.

El apunte de Bárcenas con la cantidad pagada a Rajoy

Obviamente Rajoy ahora no se mueve y está aterrorizado con el juicio. Cuando a Agathe Stimoli y Frederick Mentha le pregunten quien avaló la cuenta suiza de Bárcenas un nuevo seísmo político recorrerá España. Por eso el presidente en funciones necesita seguir estando al menos en funciones el 4 de octubre: “si Javier (Arenas) no ha mentido, se vio con Rajoy y con ella (Cospedal) en Moncloa y les contó mi planteamiento y les enseñó el documento”, dice Bárcenas en el libro. ¿Qué les indicó el presidente del Gobierno? Nada se sabe, pero los Bárcenas andan con la mosca detrás de la oreja: “O tenemos síndrome o Rajoy es un gran actor”, dice Rosa Bárcenas, que añade: “mira que nosotros a Mariano lo hemos defendido en nuestros círculos hasta la extenuación. El primer mensaje en ese sentido es del mes de febrero. Empiezan con amenazas educadas, correctas, y van subiendo de intensidad… ¿o crees que el asalto a mi casa fue algo fortuito?», concluye Bárcenas en el libro. Un epílogo digno de la Gomorra de Roberto Saviano.

Fuentes:

Correos de Agathe Stimoli sobre la cuenta suiza de Bárcenas

Declaración de Bárcenas ante el juez

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Rajoy avaló a Bárcenas en Suiza y Soria tiene cuenta allí también

3 partidos y 5 periódicos han secundado la ingrata lucha contra la corrupción que afecta al ministro de Industria, José Manuel Soria, pero otros más comienzan a interesarse por su extraño caso de impunidad mediática y judicial. El titular de Industria, que según la legislación española es quien otorga “dedocráticamente” las licencias TDT a las televisiones, ha logrado silenciar en ellas y en los demás medios oficiales del régimen una ardua investigación que afloró con el divorcio de R.G.B.L., conocido empresario de Las Palmas, célebre por su sobrenombre: “El Urraca”. Su esposa, Margarita M. de L., entregó en el juzgado documentos con membretes de UBS (Unión de Bancos Suizos) y BBV Netherland-Rotterdam (sucursal del Banco Bilbao Vizcaya) conteniendo las cantidades de dinero junto a determinadas fechas que parecen obedecer a los ingresos. Se encontraban expresadas en dólares americanos, francos suizos, florines holandeses, francos franceses y pesetas españolas. Margarita apunta a “conocidos políticos y empresarios” de las Islas como receptores de los pagos de su ex marido en Suiza y Holanda. Y entre ellos figuran dos cuyas iniciales parecen emparentarles como hermanos: “JMSL” y “LSL”. Preguntado el entonces abogado de la ex esposa si podían corresponder a las iniciales de “José Manuel Soria López” y “Luis Soria López”, indicó que no podía acreditarlo.

“Según fuentes cercanas al proceso judicial, lo que sí dice poder acreditar Margarita M. de L. con fechas, nombres y lugares es la excelente relación que su marido disfrutaba entonces con varios líderes de partidos políticos canarios y con empresarios de las islas. Se da la circunstancia de que la procuradora que intercede ante los tribunales en nombre de Margarita M. de L. es María del Carmen Benítez, esposa de José Manuel Soria, que teóricamente conoce a la perfección el contenido de esos documentos bancarios presentados en sede judicial para acreditar la supuesta fortuna que el empresario R.G.B.L. posee fuera de España. La relación entre ambos matrimonios llegó a ser de tal intimidad que a principios de esta década Mari Carmen Benítez accedió a ser madrina de bautizo de una de las hijas menores de edad de Margarita M. de L. y R.G.B.L.”. El caso nunca se investigó judicial ni políticamente, a pesar de la denuncia periodística. Las mayorías absolutas del PP lo impedían, a pesar de que tres partidos (PSOE, IU y Podemos) y 5 periódicos (Eldiario, Elplural, VozPópuli, Cuarto Poder y Alerta Digital) se hicieron eco de las denuncias.

¿Quién destapó este escándalo? Un periodista canario de nombre Carlos Sosa. Y pagó un alto precio por ello: “Desde que en 2004 publiqué en Canarias Ahora el número de una cuenta en Suiza que opiné que se debía investigar y que entroncaba abiertamente con una operación inmobiliaria del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y con un viaje relámpago a Zurich del concejal de Hacienda a las órdenes del alcalde Soria, éste entró en cólera. Y desde entonces no lo ha abandonado. Su obsesión no es convencer a la opinión pública de su honradez sino cerrar el medio que dirijo y meterme en la cárcel”.

El “delito” de Carlos Sosa posee además un «agravante»: es pareja de la magistrada y hoy diputada de Podemos, Victoria Rosell. Las denuncias contra la corrupción en las Islas de Carlos Sosa han convertido su periódico en el diario de referencia en el archipiélago en materia de transparencia y control público, pero el “pato” lo ha pagado Victoria Rosell. ¿Motivo?. Lo explica Sosa:

“Vicky Rosell es para él un instrumento perfecto para alcanzar ese propósito y hacia ella dirige ahora toda su ira mediante una acción de la Fiscalía Provincial de Las Palmas donde ha encontrado la comprensión y la complicidad necesarias. A su frente hay un fiscal casado con una alta funcionaria de la Comunidad Autónoma de Canarias que no habría pasado el filtro de la honradez profesional en un caso de corrupción que investigó en 2011 la misma jueza víctima de este ataque. Y a las órdenes de ese fiscal jefe, Guillermo García-Panasco, opera una fiscala –Evangelina Ríos– que no se oculta para reconocer que tiene animadversión personal hacia Vicky”. El acoso, sin embargo, produjo el efecto contrario en las urnas: Victoria Rosell fue la candidata de Podemos más votada en todo el territorio nacional (26.4%), unas décimas por delante de Vizcaya (26.1%) y Guipúzcoa (25.2%) pero cinco puntos por encima de las circunscripciones donde la formación morada obtuvo los mejores resultados municipales: Madrid (20.9%) y Cádiz (20.1%).

“Da igual que el Consejo General del Poder Judicial haya avalado absolutamente la instrucción que estos dos fiscales han puesto en entredicho. Da igual que hayan dado consideración penal a una causa que, en el peor de los casos, solo supondría una infracción disciplinaria. Lo que importa, lo que importaba, era el titular de El Mundo y ya lo han conseguido”. En realidad no ha sido un titular sino 5: “La juez Rosell retuvo 22 meses un ‘pen drive’ con datos clave”; “La Policía rastrea el caso de Victoria Rosell, la juez de Podemos”; “La Fiscalía investiga a Victoria Rosell, la ‘ministra’ de Justicia de Podemos”; “La juez de Podemos evitó actuar contra el empresario que pagó 300.000 euros a su pareja” y “Admiten la querella del ministro Soria contra Victoria Rosell”.

¿Que tienen en común los 5 titulares?: “Que son falsos”, contesta Sosa: ni la “investigación” de la Fiscalía y de la Policía encontraron nada, ni Victoria Rosell evitó actuar contra nadie, ni retuvo ningún “pen drive”, ni se ha admitido ninguna querella contra ella porque es el Tribunal Supremo quien debería hacerlo. Su presunto “delito”, en cambio, ha sido denunciar la instrumentalización que hace el PP de la Fiscalía General del Estado, de la Policía y, a lo que se ve, también de la prensa más afín.

Eso, junto a su investigación judicial cuando era jueza en un caso de “conflicto de intereses” de un fiscal, le ganó la enemiga de Soria: “Rosell, motu propio, decidió también investigar el ‘caso Lifeblood’, un concurso de diálisis con 100 millones de euros jugándose en la adjudicación, en el que apareció mezclada la secretaria general técnica de la Consejería de Sanidad, Lourdes Quesada, esposa del fiscal jefe de la provincia de Las Palmas, Guillermo García-Panasco. Por lo tanto, el superior directo de la fiscal Evangelina Ríos. Aten ustedes cabos y así podrán entender el enfrentamiento de Rosell y Sosa con Soria (y alguna cosa más)”, señalaba “El Confidencial.com”.

Y sobre el supuesto trato de favor de Victoria Rosell al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Angel Ramírez, uno de los más acerados competidores y críticos de Sosa, el acreditado periodista Francisco J. Chavanel, director del programa de radio “El Espejo Canario”, declaraba ante la fiscalía y reconocía que ”ahora bien, particularmente creo que Rosell no influyó para nada en el caso. No hizo nada ni a favor ni en contra de Ramírez, no tuvo tiempo. Tampoco se puede afirmar que durante la instrucción favoreciera a Ramírez«.

¿Entonces? En efecto, en la España de Mariano Rajoy y de sus ministros se persigue a quien denuncia la corrupción, no a quien la practica. Le pasó también a la funcionaria Ana Garrido (Boadilla, caso Gürtel), Itziar González (Caso Ciutat Vella), Albert Gadea (Caso Santa Coloma de Gramanet), Maite Carol (caso Pretoria) o Fernando Urruticoechea (Casos Castro Urdiales y Crevillente). Le pasa a innumerables periodistas, que solo pueden escribir desde el anonimato o con pseudónimo. Y hasta al juez Elpidio Silva, al que inhabilitaron por el “caso Blesa”, o al juez Ruz, al que cambiaron de destino por su instrucción del “caso Gürtel”. Cuando el PP pierda el poder, sus “casos” tendrán que ser revisados y sus ejemplos dignificados para evitar lo que ahora siguen padeciendo el periodista Carlos Sosa y la jueza Victoria Rosell.

Fuentes:

Providencia de la jueza Victoria Rosell sobre el famoso «pen drive» que supuestamente «retenía»

Rectificación de la jueza Victoria Rosell a El Mundo que éste no publicó

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Felipe y Corcuera: la gran coalición de los «dinosaurios» del PSOE

El ministro de Felipe González siempre tuvo buen apetito y un tribunal acreditó incluso su escaso “refinamiento o discutible gusto”. Ahora que ha salido de las catacumbas para retomar su actividad gastronómica, pretende asaltar el proyecto de Pedro Sánchez pero la Audiencia Provincial de Madrid ya le sacó sus sonrojados colores por su escasa moralidad pública y política cuando se sienta ante un mantel. Y aunque nunca se le hizo una inspección fiscal, los jueces alcanzaron a lamentar la desaparición del delito de “malversación por imprudencia”, que el régimen suprimió, al igual que el control de la Intervención General del Estado: la sentencia 155/2002 describe con todo lujo de detalles –nunca mejor empleada la expresión– como hasta en tres ocasiones saqueó el erario público en ágapes en los que «regaló» sus compras en la Joyería “Vargas” o en «sobres» de los “fondos de reptiles” que manejaba: 18 sortijas de oro y piedras preciosas, 26 pulseras y 25 collares como los de la mujer de Franco, y más de 6 millones de euros en fondos reservados. Salió libre, pese a las detalladas acusaciones del fiscal y de la Abogacía del Estado y fruto de aquella absolución hoy anda suelto. “Espía en el Congreso” ha tenido acceso a la sentencia, que reproduce literalmente en todas las alusiones a Corcuera para vergüenza de las generaciones futuras, de sus jefes de prensa y de sus propios compañeros de partido:

21 de enero de 2002 SENTENCIA 155/2002. AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID. Los acusados en esta causa son: D. José Luis Corcuera Cuesta, nacido el 2 de Julio de 1945. Fue Ministro del Interior desde el 12 de Julio de 1988 al 24 de Noviembre de 1993. (…)

SEXTO.- Como se ha dicho, el Sr. Corcuera tuvo a su disposición las cantidades presupuestadas para gastos reservados que se ingresaban en la cuenta 24-000164-1, denominada “habilitación de material”, en el Banco de España, y que fueron de 190.000.000 pesetas anuales desde 1988 a 1992 y 163.500.000 pesetas en 1993 (total 1.143.500.000 pesetas).

Durante las Navidades de los años 90, 91 y 92 Corcuera reunió a algunos altos cargos y funcionarios del Ministerio del Interior, y les invitó a una cena, que tenía lugar en el propio Ministerio, y a la que asistían cuarenta, cincuenta personas, o más. En el curso de esa cena, obsequiaba con una joya a las esposas de dichas autoridades o funcionarios. Dispuso para ello, con cargo a la referida cuenta de gastos reservados, de las siguientes cantidades:

– 1.761.000 pesetas, con las que pagó, el 19 de Diciembre de 1990, 18 sortijas de oro y piedras preciosas y un encendedor.
– 2.849.860 pesetas, con las que pagó, el 4 de Enero de 1992, 26 pulseras.
– 2.775.000 pesetas, con las que pagó, el 13 de Enero de 1993, 25 collares.
Todas las compras las realizó pagando contra factura, que incluía en las cantidades antedichas el impuesto sobre valor añadido, en la Joyería “Vargas”, sita en la calle Nuñez de Balboa nº 37 de Madrid.

7. Preocupados por su porvenir económico al abandonar el Ministerio, Roldán y Rodríguez Colorado celebraron otras reuniones con Rafael Vera, de las que son conocidas las que tuvieron lugar en el “Cenador de Salvador” de la localidad
madrileña de Moralzarzal y en el restaurante “El Molino” de Algete. En esta última, Roldán y Rodríguez Colorado llegaron al acuerdo con Vera de recibir mensualmente cinco millones de pesetas a modo de gratificación o sobresueldo. Consta igualmente que el acuerdo se alcanzó en ausencia del Sr. Corcuera que se incorporó más tarde a la reunión por tener otras obligaciones. No consta que Corcuera impulsara o aprobara ese acuerdo.

Pero en las reuniones de Roldán con Rodríguez Colorado y Vera sí hubo acuerdo. Roldán dice la verdad en esto. Que las reuniones tuvieron lugar lo anticipa, aunque con un error de fechas (año 91 en vez de año 90), la esposa de Roldán antes de conocer los extractos bancarios y lo dicen todos: Roldán, Rodríguez Colorado, Vera (aunque con reticencias) y Corcuera (aunque llegó tarde y afirma que ante él no se hablo de dinero ni se acordó nada). Que hubo acuerdo lo dicen los hechos.

(Pero la) prueba no existe y, en consecuencia, no podrá declararse que los Ministros Sres. Barrionuevo y Corcuera consintieron la sustracción de caudales públicos, por lo que, en lo que respecta a esta imputación, única para el Sr. Barrionuevo, deberán ser absueltos. La invocación de su condición de garantes como responsables del Ministerio no puede hacer referencia sino a una condición de garante político y tiene su traducción en la responsabilidad política una vez que el Código Penal vigente ha hecho desaparecer la figura de la malversación por imprudencia.

La posición jurídica, no la política, de garante, con exigencia reforzada del deber de actuar y omisión consciente de ese deber no se produce en este caso, como se ha dicho. Ya se analizará más tarde la imputación al Sr. Corcuera de sustraer fondos para regalos de joyas respecto de la cual imputación no hay que motivar el relato de hechos porque se aceptan por el acusado salvo en el sólo punto que se estudia a continuación.

SÉPTIMO.- La instrucción inquisitiva que denuncia la defensa del Sr. Corcuera se refiere esencialmente a la investigación del patrimonio de este acusado. Es fácil censurar a las jueces de instrucción. Mucho más difícil y digno de elogio es instruir –sin errores invocables seriamente- una Causa de estas características e investigar a los poderosos con los limitados medios de la justicia ordinaria.

José Luis Corcuera reúne cada año a cuarenta o cincuenta personas y obsequia a las esposas de altos cargos del Ministerio. El encargo que transmitió a José Miguel Vargas, propietario de la joyería del mismo nombre, era que no rebasaran el precio de 100.000 pesetas y así fue, si se prescinde del I.V.A. El total gastado fue 1.761.000 pesetas en 1990, 2.849.860 en 1992 (Navidades de 1991) y 2.775.000 pesetas en 1993 (Navidades de 1992). Total 7.385.860 pesetas, que descontado el impuesto sobre el valor añadido –que retornó al Estado- quedarían reducidas a 6.507.364 pesetas.

A juicio del Tribunal ello no constituye delito de malversación por las razones que pasa a exponer:
– Se sostiene por las acusaciones que no eran susceptibles de cargarse estos gastos en la aplicación presupuestaria correspondiente a gastos sociales y de protocolo. Se esgrime para ello que el código presupuestario 226-01, antes mencionado, no incluye entre estos gastos las retribuciones en especie al personal funcionario.

Es dudoso que un regalo, si no modesto tampoco de fábula, con ocasión de la cena anual por Navidades a modo de atención a las esposas de los funcionarios, y no a estos, tenga la consideración de retribución en especie. Es dudoso que una atención de ese orden no pueda inscribirse dentro de una política que busca mantener la cohesión del equipo ministerial, en un departamento delicado, y en el que la eficacia reclama la continuidad en el ejercicio de muchos cargos. A partir de esas dudas, que la Intervención del Estado hubiera considerado incorrecto el gasto o no justificable es una mera posibilidad que las acusaciones presentan como certeza.

Por otra parte, la frase “regalar joyas”, contiene una carga afectiva que enlaza el pensamiento, o el subconsciente, con figuras o arquetipos negativos: el pródigo fanfarrón, el nuevo rico, el conquistador profesional, el tirano corruptor … Al juzgar, es preciso desprenderse de esa carga. Posiblemente no se hubiera hablado siquiera del asunto, si, con igual gasto, y con cargo a la cuenta de “Habilitación de Material” incluso, Corcuera hubiera regalado en vez de una sortija o una pulsera una edición cara de un buen libro, un grabado, o aún dentro del campo de la joyería- y se dice con el más absoluto respeto a los sentimientos religiosos- una cadena de oro con la medalla del Angel de la Guarda o de la Virgen del Pilar, patrones de la Policía y la Guardia Civil. El regalo de joyas podrá decir del refinamiento o discutible gusto del Sr. Corcuera pero no de la tipicidad de su acción.

– Corcuera actuó en la creencia de que su actuación era correcta. El estudio de los código presupuestarios, la distinción entre el subconcepto correspondiente al código presupuestario 226-01 (protocolo y atención social) y el 226-08 (gastos reservados) no ha sido fácil para el Tribunal ni es fácil para cualquiera. La disposición de la circular 3/66 de la Intervención General del Estado había sido derogada tácitamente por las leyes presupuestarias en cuanto a los “gastos de solemnidades, atenciones y otros de carácter social” pero, como primera y casi única norma específica sobre gastos reservados, aquella circular era todavía la guía usual de Autoridades y funcionarios y tampoco la derogación tácita es precisamente fuente de seguridad jurídica, ni fácil de conocer en ocasiones.

Además de ello, Corcuera, como Diputado, había recibido regalos por Navidad con cargo al presupuesto. Con la precisión de gran jurista que le caracteriza, el Excmo. Sr. Ministro de defensa D. Federico Trillo-Figueroa ha puesto de relieve las garantías de procedimiento que hay detrás de esos regalos –preparación del anteproyecto de presupuesto por los Servicios de la Cámara y la Mesa del Congreso, aprobación por la Mesa representativa de una mayoría abrumadora de parlamentarios, remisión al Gobierno, inclusión por éste en el proyecto de Ley de presupuestos, remisión del proyecto a las cámaras, debate en el Congreso y el Senado… y todo ello bajo el principio de máxima publicidad y transparencia.

Pero como la legitimación por el procedimiento y la publicidad no es plena, en el sentido de que el fondo del asunto continúa siendo que dinero del presupuesto se destina a un obsequio personal, D. Federico Trillo expuso, una vez más con toda claridad, que los regalos eran costumbre muy anterior a su etapa de Presidente del Congreso (coincide en ello con Corcuera) y se hacían conforme a una larga tradición, asumida por todos, que privaba al acto de cualquier reproche ético-social.

Los importantes matices y distinciones entre los regalos en las Cámaras y los de Corcuera son evidentes ahora, pero quizá no entonces para él: Sus cenas tenían la publicidad inherente a la reunión de un gran grupo de personas; un obsequio por Navidad es tradicional; conocido el hecho por todo el mundo, desde el primer año, nadie le reprochó nada ni le advirtió de ilegalidad; la compras se hacían a la luz del día, luego de acercarse el joyero al Ministerio, y se pagaban, contra factura, que incluía el impuesto sobre el valor añadido.

No es de extrañar que Corcuera pensara que era correcto lo que hacía. Error de prohibición que de ser invencible, como parece, excluye la responsabilidad criminal (art. 14 del Código Penal) y, de ser vencible, excluiría, si no el dolo, o que depende de la concepción doctrinal que se asuma, sí, al menos, el injusto ánimo de lucro, incorporado expresamente al tipo en el vigente Código Penal. Con ello, Corcuera, respecto del que ya se dijo que procedía dictar sentencia absolutoria por consentir la sustracción de caudales públicos, debe ser absuelto también de esta acusación de sustracción.

VISTA y OIDA en juicio oral y publico, ante la SECCION V de esta AUDIENCIA PROVINCIAL la causa D.P. nº 5150/94, procedente del Juzgado de Instrucción nº 5 de Madrid, seguida por el trámite de Procedimiento Abreviado por presunto delito de malversación, contra D. JOSÉ BARRIONUEVO PEÑA, con D.N.I. nº xxxxxx-V, nacido el día 13 de Marzo de 1942, contra D. JOSÉ LUIS CORCUERA CUESTA, con D.N.I. nº XXXXXX T, nacido el día 2 de Julio de 1945.

El Ministerio Fiscal acusó a D. José Luis Corcuera Cuesta de ser autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos del art. 432-2 del Código Penal, en su doble modalidad de sustraer los caudales y consentir que un tercero los sustraiga y solicitó para el mismo la pena de seis años y un mes de prisión e inhabilitación absoluta por quince años.

Interesó además que los acusados fueron condenados al pago al Estado de las siguientes cantidades:

1.-Rafael Vera Fernández-Huidobro, José Luis Corcuera Cuesta y José Barrionuevo Peña, conjunta y solidariamente por las cantidades entregadas a Luis Roldán Ibáñez durante el período en que ocupó el cargo de Director General de la Guardia Civil: el primero responderá hasta la cuantía de 408.000.000 pesetas; el segundo hasta la cuantía de 374.000.000 pesetas y el tercero hasta la cuantía de 34.000.000 pesetas.

2.-José Luis Corcuera Cuesta, en 7.385.860 pesetas por la sustracción de caudales públicos en esa cuantía de los que estaban a su cargo con la aplicación presupuestaria denominada “Habilitación de material”.

3.-Rafael Vera Fernández-Huidobro, en 219.560.479 pesetas, respondiendo conjunta y solidariamente con él José Barrionuevo Peña hasta la cantidad de 28.000.000 pesetas y José Luis Corcuera Cuesta hasta el límite de 191.560.479 pesetas.

5.-José María Rodríguez Colorado, en 89.000.000 pesetas, respondiendo conjunta y solidariamente con él Rafael Vera Fernández-Huidobro, por ese importe; José Barrionuevo Peña, hasta 10.000.000 pesetas, y José Luis Corcuera Cuesta, hasta 79.000.000 pesetas.

En igual trámite, el Abogado del Estado del Estado acusó a D. José Luis Corcuera de ser autor de dos delitos continuados de malversación de los artículos 432-1 y 2 del Código Penal por sustraer y consentir la sustracción por otros y solicitó por el primero la pena de cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación durante ocho años y por el segundo la de seis años de prisión e inhabilitación absoluta durante 15 años.

Asimismo solicitó la condena al pago por los acusados de las siguientes cantidades:
1.-Rafael Vera Fernández-Huidobro, José Luis Corcuera Cuesta y José Barrionuevo Peña, conjunta y solidariamente por las cantidades entregadas a Luis Roldán Ibáñez durante el período en que ocupó el cargo de Director General de la Guardia Civil: el primero responderá hasta la cuantía de 408.000.000 de pesetas; el segundo hasta la cuantía de 374.000.000 de pesetas y el tercero hasta la cuantía de 34.000.000 pesetas.

2.-José Luis Corcuera Cuesta, en 7.385.860 de pesetas por la sustracción de caudales públicos a su cargo en esa cuantía.

3.-Rafael Vera Fernández-Huidobro, en 219.560.479 pesetas respondiendo conjunta y solidariamente con él José Barrionuevo Peña hasta la cantidad de 28.000.000 pesetas y José Luis Corcuera Cuesta hasta el límite de 191.560.479.

SÉPTIMO.- La defensa de D. José Luis Corcuera alegó, en primer lugar, las siguientes causas de nulidad de actuaciones:
A) Investigación ilícita por falta de la condición de procedibilidad de desclasificación del carácter secreto de los fondos reservados del Ministerio del Interior.
B) Imputación tardía de Don José Luis Corcuera, generadora de indefensión.
C) Carácter inquisitorial del proceso respecto de su representado.
En segundo lugar, por entender que la conducta de su patrocinado no era constitutiva de delito, solicitó la libre absolución del mismo.

FALLO
En atención a todo lo expuesto este Tribunal HA DECIDIDO:

Absolver al acusado DON JOSÉ LUIS CORCUERA CUESTA de los dos delitos de malversación de caudales públicos de que venía acusado y declarar de oficio dos novenos de las costas del juicio.

No ha lugar a deducir testimonios de particulares contra Don Felipe González Márquez, Don José Antonio Sáenz de Santamaría, Doña Pilar Navarro y Don Enrique Esquiva González.

SENTENCIA 155/2002 AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID. SECCION 5ª , ILMOS. SRES.:
D. FRANCISCO JAVIER VIEIRA MORANTE J. INS. Nº 5
D. ARTURO BELTRAN NUÑEZ D.P. 5150/94
D. JESUS ANGEL GUIJARRO LOPEZ P.A. 34/00

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Irving Picard

Clausurado el caso en España y en la Corte Federal de Nueva York, el único que no parece dispuesto rendirse ante su objetivo es Irving Picard. Este abogado acusa a Andrés Piedrahita y a otros tantos directivos, de haberse embolsado millones y millones de dólares en comisiones sin haber atendido las claras señales de alarma que existían sobre una probable estafa, además de engañar a sus clientes sobre la vigilancia que ejercían sobre Madoff: “No hicieron las debidas e independientes auditorías para evaluar esas alertas que indicaban que Madoff era un fraude”, asegura. Y va más allá: “Los demandados conspiraron con Madoff para engañar a la SEC, falseando la verdadera naturaleza de las inversiones; disuadían a sus clientes de realizar auditorías a Madoff, al que trataban de proteger de preguntas incómodas; ignoraron los análisis básicos del mercado (era imposible arrojar durante 20 años resultados positivos) y nunca cuestionaron que tales inversiones no dejaran huella en el mercado”. Algunas de las pruebas que atesora Picard por haber tenido acceso a los ordenadores y los documentos privados de los trabajadores de Fairfield son inquietantes, pero apenas se han publicado tímidamente en España.

Andrés Piedrahita

“Por eso cuando Madoff confesó, todo el mundo dio por hecho que las grandes familias españolas de las que Andrés Piedrahita se rodeaba habían invertido con él. Se publicó una y mil veces: Alicia Koplowitz, los Abelló, Manolo March, Almodóvar, hasta los príncipes de Asturias (Felipe y Leticia) y el Rey (Juan Carlos). Sin embargo, que estuvieran en sus fiestas o lo conocieran, no significa que pusieran dinero en su fondo. Andrés trabajaba sobre todo con instituciones bancarias”, le defiende su colega, el ex financiero Alejandro Tawil. Aunque hoy pocos confiesan sus pérdidas con Madoff, los hermanos Almodóvar, Alicia Koplowitz y Manolo March confirman que nunca negociaron con Andrés. Los príncipes de Asturias y el rey Juan Carlos, según los abogados de Piedrahita, tampoco.

Pedro Morenés y Rajoy

Guillermo Morenés, marido de Ana Patricia Botín, ha sorteado de momento el escándalo, como también lo ha hecho su primo Pedro Morenés, ministro de Defensa del PP. En 14 años España ha firmado 140 contratos con las antiguas empresas de Pedro Morenés. El periodista Alejandro Torrús descubrió que desde que Pedro Morenés asumió la cartera de Defensa en diciembre de 2011, el Ministerio había suscrito 32 contratos con la empresa Instalaza y sus filiales. Siete de ellos fueron firmados en 2012, trece en 2013, y doce en 2014. Morenés se niega a explicar el importe de estos contratos y si participó en las negociaciones. Algo que también comprobó el periodista Luis Díez:

“Pese a constituir un caso típico de “puerta giratoria”, en su primera comparecencia como ministro de Rajoy, en enero de 2012, Morenés aseguró que había dejado de ser consejero de Instalaza dos años antes de que la empresa exigiera al Gobierno el pago de los 40 millones de euros por los daños que le había ocasionado la prohibición de las bombas de racimo. Esta decisión fue adoptada en julio de 2008 por el último Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, con Carmen Chacón de ministra de Defensa. Instalaza tenía entonces un gran mercado en los países árabes, especialmente en Libia, como denunció Amnistía Internacional durante la represión militar del dictador Muamar el Gadafi contra la población civil, y planteó su reclamación en 2009”.

Pero el asunto sigue candente porque, entre otras cosas, la exdiputada de UPyD y ahora número cuatro de la lista del PSOE al Congreso por Madrid, Irene Lozano, plantea la necesidad de realizar una investigación independiente y exhaustiva sobre los contratos de Defensa. Las deudas derivadas de 19 grandes programas de armamento, que los españoles seguiremos pagando hasta 2025, aunque Defensa negocia una ampliación de cinco años del plazo de amortización, superan los 30.000 millones de euros, “un coste superior al rescate de Bankia”, afirma Lozano. El PP rechaza una investigación parlamentaria, que será muy difícil de esquivar en la próxima legislatura.

Otro diputado socialista, José Luis Ábalos, mencionó Instalaza y otras empresas con las que ha estado vinculado para reprocharle que sea noticia por los contratos de Defensa, y Morenés le replicó acusándole de “utilizar la insidia, la mentira y la calumnia. Yo he venido aquí siempre que se me ha pedido, dejando mi fortuna y muchas cosas detrás”, concluyó el ministro visiblemente irritado.

Luis de Guindos

Y, en efecto, de su fortuna ni se habla ni se toca, aunque sea a costa del erario público. El financiero estadounidense Bernard Madoff, de 71 años, jefe directo del hoy ministro Luis de Guindos, pasará el resto de su vida en la cárcel porque la Justicia norteamericana lo condenó a pasar 150 años en prisión por ser el autor de un fraude valorado en más de 50.000 millones de dólares, que la fiscalía eleva a 65.000 millones. Las pérdidas fueron de 13.200 millones, de los que se han recuperado 1.225 millones. Hay 1.341 afectados. La sentencia llegó en siete meses y en EE.UU las condenas se cumplen independientemente de la edad:

John Rigas, el ex jefe de Adelphia está en la cárcel con 84 años, así que Madoff pasará el resto de su vida en prisión. Como Bernard J. Ebbers, condenado a 25 años de cárcel por el fraude contable en WorldCom, quebrada con un agujero de 11.000 millones de dólares (unos 7.800 millones de euros). O Dennis Kozlowski y Mark Swartz, directivos de Tyco International, condenados a 25 años y Jeffrey K. Skilling, presidente del gigante energético Enron, condenado a 24 años por fraude y participación en operaciones ilegales que conllevaron la segunda mayor quiebra de EE UU, tras la de Lehman Brothers. El banco de inversión Lehman Brothers se declaró en bancarrota después de que Bank of America y Barclays rechazasen la opción de compra y de que el Gobierno de Estados Unidos se negase a financiar su rescate. A su máximo representante en España, Luis de Guindos, el presidente Mariano Rajoy lo hizo… ¡ministro de Economía!. ¿Se entiende ahora por qué España no remonta?

El periodista Javier Alonso cifró su agujero en 450.000 millones de euros: “En todas las historias hace falta un villano y, en este caso, ese es Richard Fuld. El exconsejero delegado de Lehman Brothers es presentado en las crónicas sobre el caso casi como un Gordon Gekko del siglo XXI. Ese personaje creado por Oliver Stone para su Wall Street cinematográfico encarna el paradigma de la codicia y la falta de escrúpulos. Eso sí, la delicada situación del banco de inversión, de 158 años de historia, no se notaba en las retribuciones. En 2007 -el año previo a la caída de Lehman-, Richard Fuld ingresó más de 30 millones de euros, una vez sumado su salario fijo y los incentivos variables. Por su parte, Islandia ya ha condenado a 26 banqueros por el colapso de 2008. Entre todos los condenados suman 74 años de prisión. Las últimas sentencias dictadas en octubre hacen referencia a tres directivos de Landsbankinn y dos de Kaupþing. El pueblo islandés se echó a la calle en 2009 y se negó a rescatar a la banca pagando sus deudas con dinero público.

Jueces Lesmes y Marchena (PP)

Y es que en España, la escasa división de poderes impide las investigaciones judiciales. El polémico juez Marchena (Tribunal Supremo) ha asegurado en un auto que la actividad criminal que se imputa a Rato tiene su “núcleo” en España por su empresa Kradonara y justifica así su decisión de otorgar la competencia del “caso Rato” al Juzgado de Instrucción 31 de Madrid en detrimento de la Audiencia Nacional porque el núcleo de la actividad criminal que se investiga tiene lugar en España. El juez Marchena también sorteó una investigación del Consejo General del Poder Judicial tras hacerse pública su pantagruélica comida con Angel Acebes, ex ministro del PP: vino (5000 €), angulas (6000 €), percebes y chuletón.

Acebes quedó libre de investigación parlamentaria como quedó Rato pero el tiempo de la impunidad se agota el 20-D. El periodista Guillermo Rodríguez recuerda aquel día en que el presidente Zapatero declaró con solemnidad que España gozaba del “sistema financiero más sólido de la comunidad internacional”. El mismo día de la quiebra de Lehman Brothers, el ministro de Economía, Pedro Solbes, aseguró que el impacto sobre España iba a ser “muy limitado”. Cinco años después, Zapatero abandonó la Moncloa entre otros motivos por no reconocer la importancia de la crisis. Y el nuevo partido de Gobierno, el PP, “celebra como un dato «histórico» que en agosto se crearan 31 empleos” mientras los saqueos continúan y no se ha bajado ni un céntimo el despilfarro público:

Los directivos del PP en Telemadrid Manuel Soriano y Ángel Martín Vizcaíno, adjudicaron 15 millones de euros al cineasta José Luis Garci, también afin al PP, saltándose la oposición del director económico de la cadena pública, según un informe al que ha tuvo acceso el periodista Tono Calleja. Lo hicieron porque Esperanza Aguirre había impulsado antes que Caja Madrid y Telemadrid comprasen derechos del fútbol a Enrique Cerezo sabiendo que se perdería dinero, a pesar de ser la actividad televisiva más lucrativa por su millonaria audiencia. No se hizo a precios de mercado ni se investigó. Como tampoco la petición para exigir a Rajoy que haga público su expediente como registrador, y que ya supera las 32.000 firmas.

Juez Enrique López (PP)

El PP se resiste hasta su último minuto en el poder a que jueces independientes de su partido juzguen sus delitos, también bloquea las investigaciones parlamentarias y lo dice sin que se le caiga la cara de vergüenza. La Fiscalía Anticorrupción ha terciado en el escándalo que supone la relación con el PP del juez Enrique López porque cree que también le impide juzgar el ‘caso Bárcenas’ además de la Gürtel. Todo ello será historia a partir del 20-D porque los nuevos partidos se han comprometido a salvaguardar la división de poderes y la opinión pública ya no traga, por lo que el CGPJ comenzará a investigar también a los jueces corruptos, así como las “puertas giratorias”. Hasta hoy las denuncias se archivan o tiran a la papelera y jamás llegan al Parlamento.

Fuentes:
Vanity Fair

La Marea

Los Genoveses

Cuarto Poder

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José Ignacio (PP) y Juan Pablo Wert (Podemos)

Para ponderar esta disparidad en los datos demoscópicos, “Espía en el Congreso” ha entrevistado al responsable de Electomanía, la web que mejor analiza y desmenuza todas las encuestas políticas en España. Y con él calibramos además la influencia electoral de los últimos “fichajes” políticos como Irene Lozano (PSOE), Tony Cantó (Ciudadanos), Juan Pablo Wert (Podemos) o el alto mando militar Julio Rodríguez (Podemos), así como la irrupción de nuevos partidos regionalistas y nacionalistas como las Mareas gallegas, Compromís en Valencia o la CUP en Cataluña. O la que han formado las fuerzas alternativas en Navarra, que arrebatan buena parte del espacio a los tradicionales CiU, PNV y Coalición Canaria, socios de PP y PSOE durante el antiguo régimen.

Luis Conde, presidente de Seeliger&Conde

La segunda parte del programa se la dedicamos a Esperanza Aguirre y a su labor de “cazatalentos” para la empresa Seeliger&Conde. Finalmente la echaron, pero antes cobró 369.000 euros. A su declaración de la renta, de ingresos y de bienes le dedicamos nuestro análisis, pues el destino ha querido que Esperanza Aguirre comenzara su carrera política como concejala en el Ayuntamiento de Madrid y va a concluirla en el mismo puesto, pero con una diferencia: ahora cobra 93.820 euros al año y entre medias, aunque no haya trabajado desde los 30 años, a excepción de ese extraño ejercicio como “cazatalentos”, ha amasado una enorme fortuna con la política.

Esperanza Aguirre, concejala con 31 años

Esperanza Aguirre (Madrid, 1952) solo es en realidad funcionaria, pues alcanzó la oposición de técnico con 24 años. Hasta los 27 años ascendió a jefa de servicio y ahí acabó su periplo laboral. Con UCD subió a dedo por designación política hasta jefa de gabinete y subdirectora general y con 31 años ya fue concejala en Madrid. Ahora tiene 63 años, luego lleva 32 años ocupando cargos políticos. Nadie sabe con qué dinero entró en política –entonces no se hacían declaraciones de bienes– pero sí se sabe como ha salido de ella:
cobra una nómina mensual de 7.800 euros en su condición de concejala y portavoz de su grupo municipal.

Dice que ha ganado 145 trofeos de golf

De propiedades va sobrada. Posee el 50% de una finca rústica ubicada en Salamanca con un valor catastral de 17.344 euros. La finca posee 9 casas abandonadas cuyo valor es actualmente de 13.023 euros, con lo que, sumadas, su valor asciende a 30.367 euros. Además, la presidenta del PP madrileño tiene el 50% de otra finca con un valor de solo 5.176 euros, y en Madrid dice tener un 5% de participación en un piso con un valor catastral de 4.081 euros. Tiene también cuatro cuentas bancarias con un saldo total de 52.788 euros, dos planes de pensiones de 84.655 euros y otros dos seguros de vida por valor de 78.081 euros. Cuenta con una acción de un club de golf por valor de 24.000 euros, un Toyota versus blanco y bienes “de valor especial” de 97.358 euros, entre los que ha declarado una pulsera de 5.108 euros, 145 trofeos deportivos de plata (2.100 euros) y un «ajuar» valorado en 90.150 euros. ¿Donde está el truco? Los políticos presentan sus declaraciones de renta, ingresos y bienes, pero ningún órgano de Hacienda puede cotejar si son reales o no. De hecho, casi todos mienten.

Pedro Riera, Socio Seeliger & Conde

¿Y como es posible que Seeliger&Conde le pagara 369.000 euros como «cazatalentos» si más de una veintena de políticos «fichados» por ella como altos cargos han acabado imputados por corrupción o en la cárcel? El periodista Agustín Marco comparaba ese sueldo con los 200.000 euros que recibía Rodrigo Rato como asesor de Banco Santander o de una filial inmobiliaria de Caixabank y del fondo estadounidense Texas Pacific Group. Pero los 369.000 euros conocidos dejaron boquiabiertos a más de un consejero de empresas cotizadas. «Cobra casi el doble que los de Inditex y casi tres veces los de La Caixa”, señalaba sorprendido el miembro de un consejo de administración que pidió el anonimato. Si se toman como referencia las remuneraciones de las 35 compañías del índice selectivo de la bolsa española (IBEX 35), solo los administradores no ejecutivos de BBVA e Iberdrola se acercan al excelente sueldo de Aguirre«.

Granados y Esperanza Aguirre

El «ojo clínico» de Esperanza Aguirre para «cazar» políticos queda además en evidencia. Ella asegura que fichó «a más de cuatrocientos y pico cargos, de los que salieron rana dos», pero la realidad es muy distinta, según la periodista Luz Sanchís, que ha recopilado a la mayor parte de ellos: Francisco Granados, su número 2, está en la cárcel por corrupción, y además están imputados su jefa de prensa, Isabel Gallego, los consejeros Lucía Figar y Salvador Victoria, Juan José Güemes, imputado como el anterior consejero de Sanidad, Manuel Lamela, por prevaricación y cohecho en relación con la privatización de la sanidad madrileña.

López Viejo y Aguirre

Los tres principales nombres del caso Gürtel en Madrid estaban también en su lista: Alberto López Viejo, consejero de Deportes y viceconsejero de Presidencia (prevaricación, fraude, cohecho, tráfico de influencias, malversación y fraude documental); Alfonso Bosch (diputado autonómico, además de haber ocupado el cargo de gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte. Se le imputó por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y asociación ilícita) y Benjamín Martín Vasco (portavoz del Grupo Popular y hasta presidió la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre el «caso de los espías»).

José Ignacio Fernández Rubio y Aguirre

También fueron imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por delitos similares a los anteriores Carlos Clemente Aguado, viceconsejero de Inmigración con Aguirre como presidenta y, según el juez, cobró comisiones de la trama de Francisco Correa. José María de Federico, que fue alcalde de Colmenar Viejo, también fue imputado por permitir edificaciones en su pueblo en contra de los informes técnicos. José Ignacio Fernández Rubio, Francisco Acedo y Jesús Gómez son los tres últimos imputados de la lista de 2007. El primero fue alcalde de Las Rozas y se le atribuye un delito de prevaricación. Al segundo, uno contra la ordenación de territorio en Torres de la Alameda. Gómez, al cargo de la alcaldía de Leganés, está imputado por el «caso Nóminas».

Agustín Juárez y Esperanza Aguirre

A José Ignacio Fernández Rubio Le sustituyó Miguel Rodríguez Bonilla, imputado por prevaricación y malversación. Y hay más: Miriam Rabaneda, alcaldesa de Pinto; Luis Partida, de Villanueva de la Cañada; Clara Torres, de Torres de la Alameda, y Raúl López, de Coslada, cierran la lista de gobernantes locales con problemas con la justicia. La relación de alcaldes de la Comunidad de Madrid con problemas en los tribunales hay que contarla aparte. Cuatro regidores fueron detenidos e imputados en la operación Púnica junto a Francisco Granados: José Carlos Boza, alcalde de Valdemoro; Agustín Juárez, de Collado Villalba; Gonzalo Cubas, de Torrejón de Velasco; y David Rodríguez, de Casarrubuelos.

Panero, Aguirre y Sepúlveda

Mucho antes cayeron Arturo González Panero, en Boadilla del Monte, y Guillermo Ortega “Willy” en Majadahonda. El primero, conocido como ‘El Albondiguilla’, cobró de la red comisiones por adjudicaciones y está acusado además de haber desviado el dinero así obtenido a Suiza, Panamá y Miami. Ortega, también imputado en la Gürtel, dejó la alcaldía de Majadahonda antes de que saltara el caso: fue colocado en el Mercado Puerta de Toledo. Los exalcaldes de Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, Ginés López y Jesús Sepúlveda, también dejaron sus cargos al verse implicados en la trama corrupta, de la que se enriquecieron.

Programa completo:

Parte 1: Lo que no dicen las encuestas oficiales y lo que se verá el 20-D

Parte 2: Esperanza Aguirre, “cazatalentos” y “cazafortunas”: su IRPF, ingresos y bienes

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Salvador Victoria se define: «corredor de fondo»

Su silencio ante el juez y los fiscales en su primera comparecencia, no logra impedir las investigaciones judiciales porque el magistrado preguntó sobre él a otros comparecientes. Salvador Victoria, el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, se acogió a sus derechos como aforado, pobre ejemplo para quien presume de ser funcionario-letrado de la Comunidad de Madrid. Ahora gasta su ocio en leer periódicos, seguir el fútbol y asistir a mítines del PP, según publica en su twitter. Pero aunque no quiso declarar, el juez y la fiscal se las ingeniaron y lo hizo por él la periodista del PP, Isabel Gallego, que sí respondió a las preguntas que hacían alusión a Salvador Victoria cuando Alejandro de Pedro, el cerebro de la trama Púnica, “me abrasaba a llamadas todos los días” y no le pagaba porque había “un problema de Tesorería”. Salvador Victoria encontró la solución y Radio 3w.com desvela el audio con la declaración íntegra tanto de Salvador Victoria como de Isabel Gallego sobre su persona.

Salvador Victoria adula a Pablo Casado

El periodista Pedro Agreda investigó su papel en la trama Púnica y reveló que Salvador Victoria le había dicho al conseguidor de la Púnica: “Esto se ha hecho toda la vida y nunca ha pasado nada”. Se refería al contenido de los pinchazos al empresario Alejandro De Pedro, que evidencian pagos en negro que ordenó el número dos del Gobierno de Madrid a través de empresas adjudicatarias. La Guardia Civil detuvo a un recadero que confesó haber hecho dos entregas de dinero que se suman a las de Indra y el juez sospecha que Victoria intentó que el Canal de Isabel II fuera una tercera vía de pago por los trabajos de reputación online al entonces presidente, Ignacio González, defenestrado por la corrupción.

Salvador Victoria sigue al At. Madrid

Según este periodista, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevaba varias semanas escuchando las conversaciones telefónicas de Alejandro De Pedro, al que habían llegado siguiendo el rastro del político Francisco Granados y del constructor David Marjaliza: “El 15 de septiembre de 2014, a las 18:25, sonó el teléfono móvil del empresario. Era un número largo perteneciente a la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid. Una secretaria informaba Alejandro de Pedro de que Salvador Victoria quería hablar con él. Mientras aguarda que le pasen, De Pedro susurra a alguien que tiene al lado: “El consejero de Presidencia, el que me debe la pasta”.

Reconviene a Pedro Jota por sus comentarios

Otro periodista, Roberto Ballesteros, asegura que el exconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid no está conforme con las medidas cautelares que le impuso el juez de la Audiencia Nacional e instructor del caso Púnica Eloy Velasco el pasado 20 de julio. El magistrado ordenó retirarle el pasaporte y comparecer mensualmente después de imputarle cuatro delitos por supuesto “trato de favor” dispensado al presunto conseguidor de la trama Alejandro de Pedro. En un escrito de 80 páginas, el abogado del exconsejero explica que estas medidas cautelares no están suficientemente “motivadas”. Argumenta que su cliente es funcionario del cuerpo de letrados de la Comunidad de Madrid y que no tiene más “sustento” que el derivado de esta labor profesional, por lo que solicita su «libertad» y la retirada de todas las medidas cautelares.

Salvador Victoria y Esperanza Aguirre

El magistrado, que también indicó en el mismo escrito que existen indicios de que Victoria pudo amañar la adjudicación a las empresas de De Pedro de contratos de reputación on line y publicidad, imputa al exconsejero los delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos. El Gobierno regional negó “categóricamente” el pasado enero este extremo y explicó que los contratos investigados se referían al “seguimiento” de noticias relativas a la Comunidad de Madrid, como herramienta de trabajo. Sin embargo, la periodista del PP, Isabel Gallego, no los encuentra y por ahora no es posible verificar la autenticidad y valor de los mismos.

Programa completo

Parte 1: Salvador Victoria se niega a declarar

Parte 2: El contenido de los “trabajos”

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Esperanza Aguirre e Isabel Gallego: aún sigue en política del PP

Moncloa contrata «por 250.000 €/año, 15 veces el contrato de la polémica…”. Isabel Gallego, la ex periodista de ABC y jefa de prensa de Esperanza Aguirre e Ignacio González, se ha defendido extendiendo las acusaciones a través de un medio digital afín, y lo cierto es que solo ella ha terminado imputada en la trama Púnica a pesar de lo extendido de estas prácticas irregulares en la administración pública. Su comparecencia ante el juez y los fiscales puede explicar por qué: “¿No sabe cuantos funcionarios tiene en su equipo?”, le preguntan. No lo sabe, pero la respuesta es fácil de adivinar: cero. Todos enchufados.

Tampoco sabe nada de contratos públicos, aunque maneja un jugoso presupuesto. Para ella, algo frívolamente, lo importante es ser “trending topic” y la periodista lo fue con su “declaración ante la Guardia Civil”, según desvela al juez. Que hablen de uno aunque sea mal, parece ser su máxima, pues ella está muy atareada con «gestionar» los “25 perfiles propios de la Comunidad de Madrid”. Particularmente preocupante es que la ex periodista ahora no encuentre los informes por los que se pagaron miles de euros de dinero público porque “no me servían para nada” y por eso no los guardaba. Si eso fuera cierto, la gravedad en el uso de los fondos autonómicos por parte de estos altos cargos del PP con sueldos millonarios sería más que preocupante y rozaría el Código Penal. Radio 3w.com reproduce la primera parte de su interrogatorio en los juzgado

Mabel Galaz, en un reportaje titulado “Isabel Gallego, algo más que la jefa de prensa de Aguirre y González”, ya advierte que la periodista “desbancó a Isabel Martínez Cubells y a Victoria San Cristóbal” entre las periodistas de partido (PP): “En algo más de una década, Isabel Gallego se ha convertido en una pieza imprescindible, en la persona que mejor interpreta los pensamientos de Aguirre y quien más complicidades mantiene con González. Su papel en este tiempo ha sido algo más que el de una jefa de prensa. Ha estado en todos los cenáculos del poder. A ella se le han atribuido ceses y nombramientos, no porque ella tuviera facultad para hacerlos, sino por la influencia que ejercía. Con su equipo de prensa —despidió a todos los que Alberto Ruiz-Gallardón dejó en Sol al irse al Ayuntamiento de Madrid— controló los pasos de los consejeros del equipo de Gobierno y pasó informes cuando alguno decidió actuar por su cuenta”.

Según Gallego, los informes mensuales de posicionamiento en Internet sobre la Comunidad se iban borrando a medida que se recibían. Alejandro De Pedro cobró mensualmente entre 1.500 y 1.800 euros desde abril de 2012 hasta que fue detenido a finales del pasado octubre. “El juez sospecha que ese dinero se pagó a la firma de De Pedro para mejorar la imagen de distintos cargos políticos de la Comunidad de Madrid, empezando por su presidente, Ignacio González. Lo que se indaga en esta pieza del voluminoso sumario es si el dinero público pagado por la Comunidad de Madrid sirvió para hacer campaña en la Red por el Partido Popular”, añaden los periodistas Pablo León y José Precedo. Ella se ha defendido extendiendo las acusaciones. A través de un medio digital afín, asegura que “la Secretaría de Estado de Comunicación tiene contratado dicho servicio por 250.000 euros al año, casi 15 veces mas que el contrato de la polémica…”.

Isabel Gallego estuvo 14 años en ABC pero de gestión pública parece saber poco. Toda su carrera ha sido política: “Desde julio de 2015, directora de Comunicación del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Desde 2003 y hasta julio de 2015, directora general de Medios de Comunicación de la Comunidad de Madrid y responsable de la coordinación interna y externa, imagen de marca y campañas de publicidad y marketing. Dependiendo directamente de Presidencia del Gobierno, es quien marca la estrategia de comunicación del Ejecutivo madrileño y los órganos y entidades que de este dependen. En 2009 es nombrada también directora de la Oficina de Comunicación del Gobierno, de la que dependen los delegados de Comunicación de las consejerías y organismos de la Comunidad de Madrid. En 2007 pone en marcha la Oficina Web de la Comunidad de Madrid, que pasa a formar parte de la Dirección General de Medios de Comunicación. Asimismo, de su experiencia cabe destacar la dirección de comunicación de campañas electorales y preparación de estrategias para su desarrollo. Miembro de la Junta directiva de Dircom (abril de 2013-octubre 2014)”, dice su curriculum. Y es que los liberales del PP presumen mucho del necesario libre mercado, pero no poseen ni un solo minuto de experiencia en la gestión privada y prosperan solo a través de la “escalera mecánica” que supone la afiliación a un partido político.

Programa completo

Parte 1: ¿No sabe cuantos funcionarios tiene en su equipo?

Parte 2: ¿Los informes (de la Púnica)?: «los borro, no me sirven para nada»

Parte 3: Los contratos, el equipo, la gestión…

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Lucía Figar llora la dimisión de Esperanza: era su mejor aval político

«Te he dejado las notas en recepción«. Minutos más tarde, Alejandro De Pedro recibe un SMS de Lucía Figar: «Las tengo». En su declaración ante el juez, que “Espía en el Congreso” difunde íntegramente en Radio 3w.com, la dirigente del PP, Lucía Figar, alega que con De Pedro trataba solamente cuestiones meramente “estéticas” de la web. Sin embargo, los periodistas Ángela Martialay y Oscar López-Fonseca investigan si a cambios de esos contratos autonómicos se pagaron con dinero público los trabajos de reputación ‘online’ que las empresas del ‘conseguidor’ De Pedro hizo para Figar. En concreto, aquellos que trataron de ‘tapar’ las noticias sobre el polémico cobro por parte de la entonces integrante del Ejecutivo autonómico de un cheque guardería de su propia consejería para su hija pequeña. Una empleada de Alejandro de Pedro llegó a asegurar al juez que minimizar éstas fue «uno de nuestros huesos porque no podíamos bajarla». La trabajadora llegó a asegurar que tuvieron que dedicarle varias horas a la semana durante diferentes meses. «No puede desaparecer en web. Lo único que haces es generar mucho contenido [positivo] e intentar que este otro contenido coja más fuerza para que ese baje», explicó a preguntas de Anticorrupción.

Fue el periodista Javier Torres quien destapó esta inmoralidad que el matrimonio Lucía Figar-Carlos Aragonés intentaba tapar: “La renta de la familia supera los 100.000 euros anuales. La consejería reconoce la existencia de esa beca, aunque señala que ha sido obtenido por Figar al ser familia numerosa, cumpliendo estrictamente los requisitos exigidos. La consejera de Educación, Lucía Figar, ha logrado un cheque-guardería de la comunidad para su hija de dos años durante este curso académico. El cheque tiene un valor de 1.100 euros. La consejera, que es quien firma la orden de concesión de esas ayudas, dispone junto a su marido, de unos ingresos que superan los 125.000 euros. Legalmente, la consejera cumple con los requisitos para obtener ese cheque-guardería ya que, según la orden que los regula y firmada también por ella, el colegio al que acude su hija tiene un servicio de guardería totalmente privada, condición indispensable para cobrar la ayuda. Ese mismo año, el pasado, la consejera Lucía Figar eliminó en la Comunidad 10.000 becas-comedor”. Aunque en la sociedad civil esto escandalice, para los políticos del régimen es “normal y legal”.

Aunque la Oposición intenta desacreditar a Lucía Figar por sus decisiones ideológicas en favor de la escuela concertada o privada, lo cierto es que es la corrupción la que la cerca políticamente y la inhabilita de por vida en materia ética. Durante su gestión, el “maestro de la Púnica”, Alfonso Ferrón, logró 13 colegios en la Comunidad de Madrid y con el constructor Marjaliza ganaba todos los concursos de Figar. Marjaliza y De Pedro también eran amigos y en sus conversaciones sobre colegios salía a relucir el nombre de Eduardo Zaplana. Lo único relativamente cierto es que lo que pudiera aprender Lucía Figar sobre corrupción, influencias e información privilegiada lo aprendió de sus mayores. Es madrina del hijo mayor de Alejandro Agag y Ana Aznar Botella. Lloró delante de las cámaras durante la rueda de prensa en la que Esperanza Aguirre anunció que dejaba la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Está casada con Carlos Aragonés, director de gabinete de José María Aznar en La Moncloa. José María Aznar fue testigo de su boda: «Conocí a Alejandro de Pedro en la sede de Génova, pero nadie me recomendó sus servicios. Francisco Granados nos convocó a una charla de recomendaciones de tipo político para Internet, que parecen muy obvias hoy en día, pero por aquel entonces no lo eran. Unas semanas después me solicitó una visita, donde me hizo una presentación de su empresa y los servicios que ofrecía. Me enseñó los informes de seguimiento activo en las redes sociales y, a partir de ahí, yo le remito a mi jefe de gabinete de prensa –Pablo Valdín– y posteriormente a la Secretaría General Técnica”.

¿Como es posible que una simple consejería autonómica gaste más que una multinacional? Se explica porque el dinero no es suyo y a la manirrota Lucía Figar le parece normal: ““Yo estoy completamente segura de que entre septiembre y diciembre, mi consejería sacaría multitud de concursos: de obras, de servicios… Pero no sé a qué se puede referir, ni recuerdo que hubiera ningún concurso en marcha que afectara a este señor”. Además, alega desconocer si De Pedro contrataba con otras administraciones públicas. Figar alega que ella “nunca cerraba ningún detalle de presupuestos, siempre lo remitía a la fundación”. Ante su respuesta, el magistrado formula de nuevo la pregunta de “por qué no se pidieron presupuestos a otras empresas del ramo”, insistiendo en si “dejaba libertad de contratación”, y le echa el muerto a su jefe de prensa, Luis Sánchez. Figar, por su parte, dice desconocer el motivo por el cual no se consultaron otros presupuestos para el diseño de la web y sentencia que, en todo caso, fue “la decisión del director general, a quien yo no di ninguna instrucción al respecto”.

El magistrado va más allá y pregunta a Figar sobre el contenido de conversaciones posteriores en las que se insinuaba que la exconsejera podría estar planteándose presentar su candidatura a la alcaldía de Madrid para sustituir a Ana Botella. En los cenáculos políticos era un secreto a voces. Y el juez insiste en la posibilidad de que hubiera apalabrado con De Pedro un contrato posterior para ayudar a proyectar su imagen pública. Figar, al oír las afirmaciones del juez, ríe y lo niega tajantemente. A continuación se expresa en estos términos: “Primero: soy una persona honrada. Segundo: nunca ha estado en mi cabeza ni en mi intención presentarme a ningún cargo público. Y usted me podrá creer o no. Porque por esas fechas, yo lo que tenía ya muy claro es que iba a abandonar la vida política”. Y, a continuación, añade: “Es que todo esto para mí es un disparate”.

Pero no lo es tanto si se repasa su biografía, pegada a los cargos públicos desde los 23 años (hoy tiene 40): hija del constructor Arturo Figar Velasco, accionista mayoritario de Obras Subterráneas S.A. (OSSA), y nieta de Gonzalo de Lacalle Leloup, alcalde de Vitoria en los años 50, fue asesora en el Departamento de Asuntos Institucionales con Alejandro Agag en Moncloa, directora del Gabinete del Secretario General del Partido Popular Europeo, Alejandro Agag, directora de Gabinete del Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Gabriel Elorriaga, asesora del Gabinete de la Presidencia del Gobierno entre 1998 y 1999, jefa de Gabinete del secretario de Estado de Organización Territorial y secretaria general de Asuntos Sociales con el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, Secretaria General de Asuntos Sociales, jefa de Agencia para la Inmigración de la Comunidad de Madrid y por último, Consejera de Educación, cargo que obviamente le vino grande y le desbordó.

Los periodistas Molpeceres y De La Osada recuerdan que el juez pregunta a la exconsejera por la conversación telefónica mantenida el 25 de agosto entre Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa, en la que el primero le dice al segundo que quiere “hablar con Lucía porque va a sacar el concurso ya”. Que los pliegos se lo va a hacer la consejería y luego le iban a pasar el borrador. Pero Figar defiende este trasvase de información sensible a posibles contratistas con estas palabras: “normalmente, cuando se hace una campaña de publicidad, sí que se informa públicamente de lo que se persigue”, para que las empresas que optan al concurso adapten sus proyectos.

Las periodistas Pilar Álvarez y Victoria Torres Benayas dicen que Lucía Figar fue “muy cuestionada tras 11 huelgas educativas, Esperanza Aguirre la mantuvo contra viento y marea en Educación y también lo hizo Ignacio González cuando remozó su Gobierno al asumir la presidencia. Aunque le quitó Empleo, González le dio Deportes y Juventud. En el Partido Popular, al que pertenece desde 1995, es miembro de la Junta Directiva Nacional y secretaria de Comunicación y portavoz del PP de Madrid. Es ambiciosa, resaltaban adversarios y amigos. En el verano de 2011, su nombre sonó como presidenciable madrileña por los pasillos de la Asamblea regional y meses después, como ministrable de Mariano Rajoy. Pero Aguirre anunció su retirada en septiembre, Rajoy no la llamó a su lado y parecía que González sería el sucesor en Madrid. Parecía hasta que Mariano Rajoy intervino e impuso a Cristina Cifuentes que, al conocer la decisión de Figar de abandonar la primera línea al término de la legislatura, aseguró que estaría encantada de contar con ella para su eventual gobierno si deseara seguir. Hoy, Cifuentes opina que las nuevas imputaciones en el seno del PP son un «lastre» que «no ayuda» a mejorar la confianza de los ciudadanos, al tiempo que ha esperado que quien haya cometido alguna irregularidad pague por ellas”.

Programa completo:

Parte 1: los cargos de Lucía Figar:

Parte 2: Lucía Figar «no pone pegas» a De Pedro: ¿contratos a medida?

Parte 3: Lucía Fígar: «Hay una gran identificación de la persona con mi cargo»

Parte 4: ¿Quien dijo recortes? Lucía Figar y su gasto «en Educación» con la Púnica

Parte 5: ¿Quien dijo recortes? El extenso gabinete de prensa y los gastos en publicidad

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Imagen de Adrián de Pedro que exhibe en su web: entre hermanos anda el juego púnico

Isabel (PP), asesinada, Marcos (PP), encarcelado, “Diario Bernabeu”… Los clientes de Adrián de Pedro, hermano de Alejandro de Pedro, el cerebro de la Púnica, y las referencias de éste a aquel son constantes a lo largo del sumario. En los interrogatorios, cuando se le tuercen las cosas, Alejandro dice que quien iba a los concursos públicos era su hermano «Juanjo», otro de los vástagos, como ocurrió en Majadahonda. Y cuando compareció ante el juez, Adrián de Pedro dijo que lo hacía en su nombre solo “por el estado (de salud) de mi hermano”. “Al PP le facturaron por servicios de estrategia de comunicación de sus candidatos”, señalan los fiscales y esta grabación íntegra de su interrogatorio, que “Espía en el Congreso” ofrece a través de Radio 3w.com, se vislumbra que el hermano sabe más de lo que calla.

Ante el magistrado y la fiscal habló de sus negocios y de los que conocía: con Alonso Conesa (Sacyr), con la política leonesa asesinada, Isabel Carrasco (PP), con el encarcelado presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP). Relató a la policía como creaba sus “cinco o seis” diarios digitales fraudulentos, comprando falsos fans en Twitter (TW) y Facebook (FB), como se extendían por Astorga, Ponferrada, León, Salamanca, Valladolid, Gandía… Incluso menciona el “Diario Bernabeu” del Real Madrid y desvela que trabajaba para Ignacio González (PP), el presidente madrileño cesado también por corrupción.

Adrián de Pedro

Según descubrió el periodista Joaquín Gil, el informático Adrián de Pedro es socio en Panamá del político socialista y ex alcalde cartagenero Alonso Conesa, otra pieza clave de la trama. “No voy a decir nada. Solo soy un trabajador más. Todo se aclarará en su momento”, respondía cuando el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco enviaba a prisión a su hermano Alejandro. “Se le considera el captador de negocios en Valencia de la red corrupta que fraguó negocios con los Ayuntamientos gobernados por el PP de Gandía, Denia o Valencia”, señala Gil. Y añade: “La madeja societaria de la red Púnica se extiende a Panamá. La firma Bonanno Media SA, inscrita en este país, incluye en su organigrama al exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso y al hermano del ingeniero informático que actuaba como conseguidor de negocios de la trama en Valencia. La empresa se registró el pasado mayo con un capital de 10.000 dólares (7.970 euros), según el portal Panadata, que procesa información del registro público de Panamá. Alonso y Adrián De Pedro recurrieron para la inscripción de la sociedad al agente financiero Adams & Adams. Su web ensalza el país centroamericano como un destino de bancos off shore (paraíso fiscal) donde se protege la confidencialidad de la información”.

Cabecera de la web de Adrián de Pedro

Adrian de Pedro sigue operativo y ahora se presenta así en su nueva web: “Hola, soy Adrián de Pedro, especialista SEO y en reputación online; de Valencia. Ingeniero técnico informático por la UPV, me considero un privilegiado por dedicarme a lo que, a día de hoy, es mi pasión: el SEO y la reputación online de marcas, en España y en el extranjero. Actualmente desarrollo trabajos de marketing digital para diversos clientes, junto a otros profesionales de internet especialistas en Analítica, SEO y Diseño web en una nueva aventura Marketing Salmón. Tras finalizar un periodo apasionante de cinco años en el que he tenido la oportunidad de dirigir a un equipo de profesionales de internet trabajando para las principales marcas de este país”.

Isabel Carrasco, la dirigente del PP asesinada en León, era clienta de Adrián

Sin embargo, Adrián de Pedro se mueve mejor entre las sombras de la política que a la luz de los focos. En su empresa Bonanno Media SA, donde tiene como socio al ex alcalde socialista Alonso Conesa, figura como suscriptor Rafael Montenegro Otero, que, además, en el registro público panameño aparece vinculado a otras trescientas sociedades. Alonso Conesa y su hermano Alejandro de Pedro son socios en Madiva Editorial y Publicidad SL, la empresa que firmó un contrato con el Instituto de Turismo de la Región que está siendo investigado por el juez por su vinculación a la trama. El exregidor es sospechoso de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho, falsedad documental y fraude, según el auto del magistrado, que llega a situarle como «cabeza de un entramado de tráfico de influencias».

Marcos Martínez (PP), pte de la Diputación de León: encarcelado y cliente de Adrián

Para Velasco, ha quedado «acreditado» que Alonso «se ha concertado con diversas autoridades en Murcia, León y Madrid para la adjudicación de contratos públicos o para la facturación de trabajos a la administración a través de contratos públicos adjudicados a terceras empresas». En definitiva, le atribuye un papel de conseguidor tanto en el contrato con el Instituto de Turismo -que ha provocado tres dimisiones en la Consejería de Industria y Turismo- como en otros firmados en Madrid y León. Precisamente, el presidente de la Diputación de León y alcalde del municipio de Cuadros, Marcos Martínez, detenido por su vinculación con la misma trama, admitió ante el juez que contactó con Alonso, según publicó ‘Diario de León’. «Hablamos de otras cosas y, desde luego, nunca de asuntos de este tipo. No tenía nada que ver con todo esto», defendió Martínez. Sin embargo, el juez cree que el político puso en marcha varios procedimientos de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro, en los que solo resultarían invitadas empresas vinculadas a Alejandro de Pedro. A cambio, influiría en sus contactos para que el PP le mantuviera en el puesto.

Florentino Pérez, cliente de De Pedro a través de «Diario Bernabeu»

Periodista Digital revela también que Alejandro de Pedro fue administrador único de Inofertas Online desde su constitución, en abril de 2012, hasta marzo de 2014, fecha en la que su hermano, Adrián de Pedro pasa a ocupar el cargo de administrador único de la sociedad. Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, le consta por objeto social el comercio al por mayor y al por menor, vía internet (on line) de ropa de moda, accesorios y complementos; distribución comercial; importación y exportación de estos productos, excluyendo las actividades que estén sometidas a legislación especial. El capital social de Inofertas asciende a los 10.000 € y le figura domicilio social en Valencia, en la calle La Costera, nº 2, 4 A. Se da la circunstancia de que este domicilio, que también era sede social de Ciberprevención SL, es un bloque de viviendas residencial.

Ignacio González: sus redes sociales personales las llevaba De Pedro

Los periodistas Alsedo y Vázquez también pusieron a Adrián de Pedro en apuros con sus revelaciones: “Púnica compró fans en Facebook y Twitter para Ignacio González. El hermano de Alejandro de Pedro, dueño de las empresa de reputación ‘online’ usadas por la Comunidad de Madrid, dijo a la UCO que ‘posiblemente’ se le compraron seguidores. Le gestionaban su blog y páginas personales”, titularon en una de sus informaciones. Y lo explicaban: “La red Púnica «posiblemente» compró fans en Facebook y Twitter para el ya ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Así lo declaró a la UCO Adrián de Pedro, hermano de Alejandro, dueño de Eico y Madiva, dos de las firmas de posicionamiento y reputación ‘online’. A González las empresas de De Pedro «le llevan las redes sociales suyas» y «tienen que ir con mucha cautela respecto a este asunto», dijo Adrián de Pedro a la Guardia Civil, según consta en el sumario. «Otra de las cosas que se hacen son la reputación en Google para que salgan noticias positivas«, y «posiblemente también se le han comprado fans a través de Facebook y Twiter, que en este caso lo haría su hermano [por Alejandro]«, señaló a los agentes De Pedro.

Salvador Victoria: ordenó a Indra pagar a De Pedro por servicios que no había hecho

“Eico recibió pagos de Indra, pero Adrián de Pedro admitió a la UCO que no habían realizado trabajos para esa empresa: fue Salvador Victoria, como se evidencia en varios pinchazos, quien obligó a Indra a pagar trabajos de reputación online de Eico a De Pedro, para lo que un ejecutivo de la firma se reunió con el conseguidor en un coche de lujo («un Audi o un BMW») aparcado en un centro comercial de La Moraleja. Allí se trasvasaron, después de las presiones de Victoria, número 2 de González en el Gobierno madrileño, 10.000 euros. Adrián de Pedro declaró a la UCO que la Comunidad dejó a deberles 140.000 euros”.

Comprobada la firma, en efecto Adrián de Pedro rubrica la carta a «Espía en el Congreso»

Adrián de Pedro y su abogado Carles Gil Gimeno se han dirigido amablemente a «Espía en el Congreso» para dar su versión de los hechos. Con mucho gusto la recogemos, pero nos gustaría concretaran qué párrafo, frase, palabras o parte del artículo es la que quieren precisar, replicar o rectificar ya que de la lectura de la carta que nos envían no nos queda claro cual es la parte que estiman errónea o falaz en el mismo. No obstante, y aunque no pudieran encontrarla, reproducimos su carta, porque creemos firmemente en el derecho de réplica de nuestros lectores y lo defendemos con total convicción. Estas mismas palabras se les han remitido, pero «Espía en el Congreso» aún no ha obtenido respuesta. Esta es la misiva de Adrián de Pedro y Carles Gil Gimeno:

Carles Gil Gimeno

«Me dirijo a Vd. en su condición de responsable de la publicación y difusión del artículo «Adrián De Pedro confiesa «por el estado de mi hermano», publicado en el diario digital ESPÍA EN EL CONGRESO, el pasado 25 de septiembre de 2015, y en nombre del perjudicado mi cliente, D. Adrián De Pedro Llorca, quien firma junto conmigo, ratificando el mandato expreso que me ha sido conferido. El citado artículo, no solo relaciona falazmente a nuestro cliente con la trama de corrupción que se investiga en el Juzgado Central de Instrucción no 6 de la Audiencia Nacional, sino que, le imputa directamente y con absoluto desprecio a la verdad, su implicación y participación en los delitos por los que se sigue dicho proceso penal. D. Adrián De Pedro no ha tenido ninguna intervención en los delitos perseguidos en el proceso «Púnica», como lo demuestra el hecho de que, pese a la extensa y prolifera investigación que se está llevando a cabo por parte del Juez Instructor y Fiscalía Anticorrupción, no ha sido imputado en ningún momento, lejos de ello, ha sido llamado con toda la información en poder del Juez y de Fiscalía, como testigo, mostrándose plenamente colaborador con la Administración de Justicia, por lo que, tales afirmaciones e imputaciones desprecian la verdad siendo rotundamente falsas, y su publicación y difusión sin el más mínimo contraste solo pueden calificase de intencional y gravemente atentatorias contra el honor de mi representado Don Adrián De Pedro«.

Programa completo

1- «Comparezco por el estado de mi hermano»

2- Los falsos diarios digitales y el «Diario Bernabeu» del Real Madrid

3- Los «servicios» a Ignacio González (PP)

Carta de Adrián de Pedro y Carles Gil Gimeno

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