Ana Mato con Leonardo di Caprio detrás
«Ana Mato spoke at the UN event at the request of the Spanish delegation responsible for organizing the event with us«. Traducido al español: «Ana Mato habló en el acto de Naciones Unidas a petición de la Delegación española, responsable de la organización del evento con nosotros». Quien así se expresa es Denise L. Perron, directora ejecutiva de la Fundación Lantos, organización que otorgó en Nueva York a la reina Sofía de Borbón y a la ministra Ana Mato el premio Roosevelt. ¿Cuánto pagó España y cuánto gastó al co-organizar ese evento que, el pasado 9 de septiembre, coincidió con la final del US Open de Nueva York que ganó el tenista español Rafa Nadal y a la que ambas asistieron en compañía precisamente del embajador en Naciones Unidas, Fernando Arias?
Denise L. Perron
Tres diputados socialistas de Baleares, Pablo Martín Peré, Sofía Hernanz Costa y Guillem García Gasulla, intentan averiguar desde hace meses este enigma pero se han topado con el muro infranqueable de la opacidad en el control del dinero público: el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, les ha respondido con desprecio: ha contestado con un simple link a la página web de la Casa Real. Y si así se burlan de los diputados ¿qué no harán con los ciudadanos?
Momento en el que Rafa Nadal «pasa» de Ana Mato
Sofía de Borbón y Ana Mato protagonizaron el pasado mes de septiembre un sonoro escándalo en España, aireado por este blog, cuando las imágenes de televisión las sorprendieron en el palco más caro del Artur Ashe Stadium de Nueva York junto a los actores Leonardo di Caprio, Alex Baldwin y Sean Connery, este último en búsqueda y captura en España por la irregular edificación de su chalet en Marbella, pieza separada del «caso Malaya«.
Sofía y detrás, tapada con vestido verde, Ana Mato, durante la entrega del Premio Roosevelt
Sofía y Ana Mato acudieron a la final del US Open de Tenis que ganó el tenista Rafa Nadal y desde estas páginas se denunció que ambas, junto al embajador Fernando Arias, habían utilizado dinero público para asistir a este evento deportivo, incluidas las entradas. También se informó del desplante que el tenista mostró a la ministra al término del encuentro, corroborado días después por un vídeo donde Nadal evita por todos los medios que la ministra «se hiciera la foto» con él dándole un beso, como sí hizo con la reina. Numerosos asistentes contemplaron el «dribling» de Nadal a la ministra, que no pasó desapercibido -todas las miradas se posaban sobre ellos- y uno de los asistentes nos lo contó.
Dave Haggerty (USTA) solo proporcionó una acreditación
Dos meses de investigación sorteando todo tipo de dificultades y obstáculos nos permiten reiterar que solo Sofía de Borbón fue invitada personalmente a la «suite» del estadio por Dave Haggerty, presidente de la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA). A la reina se le facilitó una acreditación, que portaba durante el encuentro. La sorpresa de los organizadores se produjo al comprobar que junto a la reina se presentó también una ministra y un embajador, pero estos no tenían entrada ni acreditación. ¿Como accedieron entonces al recinto? La organización del US Open no puede asegurar nada, supone que ambos entraron con Sofía pero dice carecer de ningún documento, solicitud o acreditación de ambos. Tampoco el Ministerio de Sanidad posee invitación, acreditación o documento alguno y solo consta la tarjeta oficial de la reina.
Ana Mato, Sofía y Fernando Arias disfrutan con los famosos viendo a Nadal: aún no se conoce el coste público del viaje
En medios deportivos estadounidenses se afirma que es «practicamente imposible» colarse en la final del US Open, ni aún acompañando a una reina europea, y nuestras fuentes -que se mostraron extraordinariamente veraces al informar del desplante de Nadal a Mato, luego corroborado por el citado vídeo- afirman que ante el espontáneo incidente en la puerta del Artur Ashe Stadium oyeron al embajador Fernando Arias afirmar que la Embajada de España pagaría las entradas.
Acreditación de la zona donde se sentó Ana Mato: la suya no la encuentran
Aunque la opacidad es absoluta, hace dos semanas supimos por fuentes de la delegación diplomática española que el embajador Fernando Arias le había asegurado a uno de sus colaboradores que «no había nada por lo que preocuparse», ya que la organización no había pasado finalmente al cobro las dos entradas porque los tres pudieron sentarse en la «Suite Presidencial», cuyos tickets no están a la venta. Sí las de al lado, Sección 2, fila G, número 16 y 14 (el 15 era el de la reina Sofía), al precio de 1250 dólares por ticket. Según este relato, confiado por un trabajador de la Delegación española en Naciones Unidas, en la oficina española «están de los nervios» desde que estalló este escándalo, que están intentando «desactivar» por todos los medios.
Twit del Ministerio de Sanidad de Ana Mato
La sorpresa, sin embargo, ha saltado cuando, dos meses después, se han conocido los pormenores del «viaje oficial». La reina y la ministra alegaron por medio de una nota oficial del Ministerio de Sanidad en Twitter -para eso sí les gustan las redes sociales- que habían sido «invitadas por la organización«. Solo dijeron una verdad a medias, que según un viejo aforismo español, es la peor de las mentiras: uno de los dos co-organizadores del acto de entrega del Premio Roosevelt era el Ministerio de Asuntos Exteriores, por la vía de la Delegación de España en Naciones Unidas, representada precisamente por el embajador Fernando Arias, presente también en la final del US Open.
El diputado Pablo Martín Peré preguntó por el viaje de Ana Mato a Nueva York: Margallo le contesta con un link
¿Cuanto le costó el premio a España como co-organizadora del acto donde se autopromocionaba y cuanto el «viaje oficial» que incluía la bicoca de una final de Rafa Nadal en Nueva York en palco VIP? Los diputados socialistas por Baleares Pablo Martín Peré, Sofía Hernanz Costa y Guillem García Gasulla formularon la misma pregunta al ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, que ha dado por respuesta un enlace a internet.
García Margallo no sabe nada de cuanto costó el viaje de Ana Mato con la reina Sofía y le pasa la bola a Zarzuela
La burla y grosería que supone tal reacción, de obligado cumplimiento según la ley (el reglamento del Congreso posee ese rango) que ellos mismos incumplen, remite a otra nota oficial de Zarzuela, a la que «pasa la bola«. Allí se explica que el premio se concedió «en reconocimiento de la labor de nuestro país en favor de los derechos de las personas con discapacidad. El galardón incluye, además del reconocimiento honorífico, una dotación de 50.000$ para un organismo no gubernamental del país, concedido al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)».
Mañana: 2ª parte
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Les pongo aquí la importántisima carta de Pedro J,, tanto por lo que dice, como por quien lo dice, y la influencia que tiene sobre cientos miles de españoles, y sobre las propias élites españolas, donde prácticamente rompe con el régimen, y que Espía, que seguramente la ha leído, no ha considerado su importancia, cuando en cambio nos remite a opiniones tan "cualificadas" como las de Iturralde, que no dejan de ser un desahogo de barra de bar.
Por un ‘partido antipartidos’
Si infame es lo que vemos en el escaparate, obsceno es lo que sucede en la trastienda.
La puesta anticipada en libertad de los más viles etarras, camino de los homenajes que se les dispensan en sus pueblos, como si eviscerar personas hubiera sido una forma de filantropía, produce arcadas; y la contemplación de la retahíla de sádicos violadores y asesinos de niñas que podrían haber sido nuestras hijas, que les acompañan como coartada y secuela, sulfura hasta la náusea.
Repito: ¿qué ha hecho este Gobierno para evitar que el influenciable Tribunal de Estrasburgo desencadenara esta ignominia sin precedentes sobre un Estado democrático y qué ha hecho para restringir, amortiguar o dilatar en el tiempo sus consecuencias devastadoras para la justicia y el civismo? No ha hecho nada porque no ha querido hacer nada.
Y repito: ¿a qué está esperando la oposición para exigir explicaciones en el Parlamento y poner contra las cuerdas al Ejecutivo, requiriéndole el listado de sus viajes a capitales europeas para gestionar el problema, exigiéndole las minutas de los bufetes internacionales contratados, reprochándole sensu contrario su pasividad, poniéndole descarnadamente ante el espejo de su estulticia? Está esperando a que el infierno se hiele porque respalda lo ocurrido.
La sentencia de Estrasburgo y la legalización de Sortu, es decir, la excarcelación masiva de etarras y la reincorporación de la banda a las instituciones sin otro requisito que la interrupción, supuestamente definitiva, de los actos de terrorismo, son el fruto encadenado de un error conceptual del PSOE, inspirado por Rubalcaba, y de una táctica acomodaticia del PP, adoptada por Rajoy. El error es aceptar que ETA pueda perseguir sus mismos fines, con tal de que utilice otros medios, dentro de la plena continuidad entre dos fases de una única lucha. El acomodamiento implica que será a los gobiernos del futuro a los que les estalle la nueva bomba de relojería que se está incubando en el País Vasco, mientras Rajoy puede centrarse en «lo único que importa a los españoles» –el recauchutado de la economía– sin el desagradable trance de tropezar de vez en vez con un cadáver.
Hemos pasado, en definitiva, de un Estado orientado a preservar sus principios morales combatiendo el terrorismo a un Estado orientado a integrar a los terroristas desafiantes e irredentos, aun a costa de subvertir esos principios morales. Desde el punto de vista técnico jurídico se trata de un viaje similar, aunque en sentido inverso, al que diseñó Torcuato Fernández Miranda hace 40 años para que España cambiara de régimen «de la ley a la ley». De la misma manera que aquella metamorfosis requería la colaboración instrumental de las Cortes franquistas, esta mutación ha precisado del auxilio activo de los altos tribunales.
¿Cómo es posible que la misma Audiencia Nacional que alumbró la doctrina Parot, que el mismo Tribunal Supremo que la asumió y el mismo Tribunal Constitucional que la avaló estén mostrándose tan dóciles y conformes o, más aún, tan inusualmente diligentes a la hora de su demolición, cuando seguimos transitando por ese edén de los subterfugios que es el Derecho Penal? La triste respuesta es que todo coadyuva a que sus integrantes se comporten como peones de brega en la tauromaquia del bipartidismo casi perfecto –este bicho lo toreas tú, este otro me toca a mí, aquel de más allá lo lidiamos con los nacionalistas– que, al cumplirse esta semana 35 años de vigencia de la Constitución, domina todos los tendidos del ruedo ibérico.
La coincidencia en el tiempo con el bochornoso apaño del nuevo Consejo del Poder Judicial ha puesto las cartas boca arriba. Los políticos del PP y el PSOE gobiernan a los jueces, decidiendo sus premios y castigos, sus destinos y ascensos, sus sueldos y gratificaciones. Y para que no quede ninguna duda ejercen ese imperio de la forma más displicente imaginable, colocando en el CGPJ a sus mujeres y maridos y a aquellos desechos de tienta que ya no sirven para representarles en parlamentos o alcaldías. Cuanto más toscos sean los cómitres menor expectativa tendrán los galeotes de poder remar a barlovento.
Sólo faltaba la pasmosa autodestrucción de Grande-Marlaska al prestarse a escenificar el itinerario de la mujer del César: obtuvo la Presidencia de la Sala Penal de la Audiencia como abnegado paladín de las víctimas y saca plaza en el Consejo a los dos días de dejarlas tiradas en la cuneta. ¿Si hasta los en apariencia más puros se sienten tan cómodos pasando por venales con tal de llegar a la cima, qué modelo de carrera, qué cursus honorum se está mostrando a los jóvenes jueces de primera instancia?
Que el PSOE iba a participar en este enjuague formaba parte del guión –fueron ellos los que enterraron a Montesquieu–, y de hecho, la única discrepancia de Tomás Gómez consiste en que hubiera querido poner él los renglones. Pero que lo haya hecho el PP de Rajoy con su reluciente mayoría absoluta, su inequívoco programa y su lustroso ministro de Justicia… eso sus votantes y patrocinadores no lo esperábamos. Tampoco podremos perdonarlo fácilmente porque, a diferencia de la subida de impuestos u otros incumplimientos sobre política económica, aquí no puede alegarse ni el descubrimiento de una realidad oculta ni la existencia de un coste prohibitivo. (SIGUE)
(SIGUE Y TERMINA LA IMPORTANTE CARTA DE PEDRO J.)
La reforma del sistema de elección del CGPJ, mejor dicho, el regreso a la literalidad de la norma constitucional, era una de las promesas electorales más concretas y explícitas de Rajoy. Cumplirla, además, salía gratis en todos los sentidos, menos en el de la renuncia a controlar a quien ha de controlarte. Este ha sido el único móvil de tan flagrante traición al electorado, toda vez que, a diferencia de lo que ocurrió en tiempos de Aznar, ni siquiera ha mediado la excusa de un «pacto por la Justicia» de mayor calado y extensión.
Bastó como pretexto el frívolo comportamiento de la APM en el caso Dívar para que el líder del PP diera la vuelta de campana, impulsando una ley antagónica a la prometida. Gallardón pasó mansurronamente por el aro sin arrestos ni cuajo político para rebotarse. Qué distinto sería el horizonte si hubiera dimitido, siguiendo el certero consejo que recibió entonces. Bien merecida tiene la penitencia de ser interpelado por su némesis perpetua y aparecer ahí, desnudo y sin respuesta.
Rajoy buscaba dos cosas y ya las ha obtenido: pista libre para el aterrizaje del Tribunal de Estrasburgo que en definitiva le hace el trabajo sucio al continuar lo iniciado por Zapatero en relación a ETA y expectativas de impunidad para cualquier conducta delictiva ejercida al servicio del «Estado de partidos» en el que vivimos. O sea, que dar un chivatazo a ETA no sea nunca colaborar con banda armada; que enviar a tu secretario de Estado a convencer a un alcalde de que modifique una resolución para darle una licencia a un amigo generoso no sea nunca tráfico de influencias; que la libertad o el encarcelamiento de quien guarda tus secretos y SMS no dependa del dinero que esconde fuera sino de su amnesia o locuacidad; y que todo aquel que controle el monedero de doña Perfecta Dolores de Cospedal pueda firmar recibís sin que, a efectos penales, reciba nunca nada. Faltaría más. Para eso tenemos a los jueces, por supuesto a los fiscales y ahora hasta a los peritos de Hacienda.
«No hay remedio», escribió el pasado día 20 la siempre ponderada Victoria Prego, depositaria de tantas cosas valiosas para tantos. «La regeneración de la democracia española no se va a producir nunca porque quienes tendrían que liderar ese proceso en condiciones de normalidad no están dispuestos a hacerlo. Los grandes partidos políticos españoles han cogido la postura desde hace muchos años y no van a cambiar. Quieren controlarlo todo y van a seguir haciéndolo porque en ello les va su propio interés aunque suponga mantener al sistema en los niveles de baja calidad que los ciudadanos padecemos cada día».
Cuando leí esto pensé que en algún momento habrá que decir «hasta aquí hemos llegado». Durante 24 años hemos confiado en el Partido Popular como cauce e instrumento de la regeneración democrática, pero difícilmente podremos seguir haciéndolo. Al menos, mientras lo dirijan las mismas personas con las mismas reglas. Podremos respaldar a algunos de sus líderes autonómicos y municipales e incluso aplaudir medidas concretas del Gobierno –ojalá suceda muchas veces, cuantas más mejor– pero no podremos volver a endosar a ese partido ante las urnas si no cambia, excepto en un escenario de emergencia nacional. Para otros más conformistas lo ocurrido nunca será esencial. Para este periódico lo es porque los derechos civiles son el núcleo duro de nuestro ADN y la politización de la Justicia es el fruto del árbol prohibido que, como el pecado original, todo lo contamina.
Lo que se ha ido al garete en el PP es el modelo de alternativa democrática impulsado por Aznar y su equipo, con no pocos altibajos y equivocaciones, durante casi dos décadas. Desde el Congreso de Valencia de 2008 ese proyecto sustancialmente regenerador ha sido sustituido por una roma pretensión de alternancia o incluso de turnismo tecnocrático, basada en gobernar para el partido y no para la sociedad. Liberalismo y socialdemocracia se han fundido así en un único estatismo oportunista, en una empleocracia endogámica, en un tinglado mezquino que sólo involucra y concierne a quienes entran en el feraz reparto de nóminas y sobres. No es de extrañar que los nacionalistas hayan visto el cielo abierto en ese escenario de desmovilización y hastío en el que el patriotismo constitucional deriva en cáscara vacía: cuanto más nos acerquen al borde del precipicio, más cara venderán su próxima bisagra.
Así no podemos seguir y desde la prensa debemos aportar ideas y proponer salidas. Ni Rajoy se va a mover un ápice mientras conserve el poder –está empeñado en la histórica tarea de volver a situar el paro en el mismo nivel en que lo encontró–, ni la cultura política del PP permite fiar nada a la contestación interna: hasta Aznar se ha quedado mudo en el agravio. Tampoco de las primarias del PSOE puede esperarse otra cosa que un cambio de estilo y un reequilibrio de la intención de voto en el seno de la izquierda.
Hay que influir sobre los dos colosos tambaleantes desde fuera, considerando que, como sostiene Ignacio Fernández Sarasola en su interesantísimo ensayo Los partidos políticos en el pensamiento español (Marcial Pons 2009), hemos llegado a un punto en el que el axioma «no hay democracia sin partidos» –recuerdo bien cuan insuficientes resultaban las asociaciones políticas del tardofranquismo– debe ser sustituido por el axioma «no hay partidos sin democracia».
A mi modo de ver, la única manera de defendernos frente a la tendencia totalizadora del «partido-príncipe moderno» que auguraba Gramsci es diseñar un antídoto con los ingredientes del propio veneno, a modo de cuña de la misma madera. Eso es lo que Fernández Sarasola denomina con elocuente lucidez el «partido antipartidos». ¿Estamos hablando de UPyD? No, de momento estamos hablando del «partido regulador» imaginado en 1822 por El Censor, de los afrancesados Miñano, Lista y Hermosilla, como gozne y amortiguador entre exaltados y moderados. O sea, de aquel que «desprendido de todo interés privado y sin otra regla que la ley, se interpone entre ambos, templa su ardor, corrige sus extravíos y, reuniéndose alternativamente al que en cada cuestión determinada tiene la razón de su parte, hace que en todas triunfe la causa de la verdad, de la justicia y del interés general». En mi próxima Carta trataré de explicar qué hacer para dotarnos de una herramienta tan versátil y portentosa.
Espía, mucho veces pongo textos y la dirección de aquí en el foro de El Mundo y no me censuran los textos o la dirección, espero que no hagas tú lo mismo, con la importantísima carta de Pedro J. que supone un salto muy cualitativo en la deslegitimación del régimen. También me estraña, que no te hagas eco de la portada de hoy de El Mundo, donde acusa abiertamente al ministerio de hacienda español, de engañar al juez, en el grave tema de la corrupción de la infanta, que no es más que una pata más de la corrupción gravísima y generalizada de la monarquía española, cuando otras veces te has echo eco y has puesto link a noticias de menor calado de otros medios de comunicación. También me parece mal que ya no pongas esos link con el origen de las noticias. Ahora no salen ninguno de esos link, ni siquiera en noticias anteriores donde salían. Espero que sea un fallo del sistema que arregles pronto.
Pero bueno otra vez a esta señora la echaron de Grecia nosotros los quijotes la estamos dando de comer e n España no vuelvan ha comentar esto más ayúdenos ha actuara no comenten más
Nuestros dirigentes,nos perdieron el respeto.
En todos los medios de comunicación no paran de denunciar casos.
Tengo ganas de que en vez de denunciar,digan las medidas a tomar para terminal con tal situación-