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Soria (PP) y Sebastián (PSOE), dos ministros, una sola cartera

Soria (PP) y Sebastián (PSOE), dos ministros, una sola cartera

«Nosotros hemos podido desencadenar los terremotos antes, pero esta falla es de las que cada 50.000 años se rompe, se genera la tensión y después vuelve a formarse de manera natural”. Así se expresa Recaredo del Potro, el ingeniero contratado por Florentino Pérez (ACS-ESCAL-UGS) y que tiene claro que si el proyecto sale mal, los ciudadanos tendremos que pagarle 3700 millones de euros gracias a los suculentos contratos públicos firmados por diez ministros de PP y PSOE. Si sale bien, en cambio, el dinero será todo suyo.

Si el Estado rompe el acuerdo que a Florentino tanto le costó conseguir y para el cual se ganó las influencias de esos diez ministros de PP y PSOE, la indemnización será sufragada por los usuarios del gas a través de la tarifa porque Castor recibe como retribución financiera y amortización de la inversión 180 millones de euros al año y otros 70 millones por el almacenamiento y el gas colchón inicial que necesita (y que paga el Estado y no la empresa). En total, 250 millones cada año. «Son costes del sistema que se incluyen en el recibo y deben compensarse vía ingresos para no incurrir en déficit, un desequilibrio que ha terminado por colapsar el sistema eléctrico y que empieza a tocar de lleno al gas«, según el periodista Agustín Marco.

Florentino Pérez

Florentino Pérez

Tan leonina contrata pública, vigente hasta el año 2038 pero revocable por la falsedad documental que supone la evidencia del riesgo sísmico, ha sido avalada por diez ministros de PP y PSOE. Con su firma, dieron luz verde al «proyecto Castor», la enorme bolsa tectónica que pretende almacenar gas frente a las costas de Cataluña y Comunidad Valenciana.

La autorización provisional se suspendió el 26 de septiembre, al detectarse más de 200 seísmos tras una potente inyección de gas en el subsuelo, pero el ministro José Manuel Soria quiere seguir con Castor adelante «cuando amaine la tempestad», según ha hecho llegar a sus diputados del Grupo Popular y al portavoz socialista, el también canario José Segura, uno de sus más fieles aliados, según fuentes parlamentarias.

La estrategia ante la opinión pública que sigue el ministro Soria es clara: no se puede revocar el contrato con ACS porque es «legal» y fueron los socialistas los que no obligaron a la empresa a realizar estudios sísmicos para emprender sus prospecciones. Sin embargo, Soria oculta que la primera concesión firmada en 1993 la otorgó su antecesor en Industria, Josep Piqué (PP).

Las masivas protestas ciudadanas no han logrado parar Castor

Las masivas protestas ciudadanas no han logrado parar Castor

Esta primera concesión alude expresamente a la necesidad de realizar estudios sismológicos que disipen los riesgos de terremotos. Pero fueron tantas las presiones políticas para que ACS lograse esta concesión que incluso se involucró al Ministerio de Defensa para que considerase el «proyecto Castor» como de «interés estratégico nacional».

El resultado es concluyente: pese a las maniobras de distracción de los políticos responsables, hoy del PP y antes del PSOE, el «proyecto Castor» seguirá adelante, con o sin terremotos. Tampoco lo frenará el pánico ciudadano: los 1700 millones de euros de su coste que se están repartiendo políticos y empresarios pesan más.

 

Recaredo del Potro, el ingeniero contratado por Florentino para Castor

Recaredo del Potro, el ingeniero contratado por Florentino para Castor

«La empresa ha tenido que pedir 42 permisos, de acuerdo con las leyes de hidrocarburos, de minas y de medioambiente. Y según la administración está todo correcto. Tiene un contrato con la administración que le asegura unos ingresos de 3.700 millones de euros hasta 2038, por el almacenamiento del gas. Sólo en 2013 están comprometidos 215 millones. A día de hoy, Castor tiene la actividad paralizada. Recuperarla depende de una autorización definitiva del Ministerio de Industria», han señalado los portavoces del ministro Soria.

Sin embargo, todo es una farsa. Según fuentes parlamentarias, la estrategia de Comunicación de Industria pasa por meter miedo a los ciudadanos del resto de España sobre las consecuencias de la paralización del proyecto, que tendría que ser sufragado de nuevo por los bolsillos del contribuyente vía facturas domésticas de energía:

Florentino y Soria, una relación cordial

Florentino y Soria, una relación cordial

«Pero es que además de prescindible, Castor -en manos de ESCAL-UGS, sociedad participada en un 66,67% por ACS- ha supuesto un auténtico pozo sin fondo desde el punto de vista económico. Según las cuentas de la compañía gestora, el proyecto ya costaba 1.193,5 millones de euros a 31 de diciembre de 2011, nada menos que un 89,54% por encima del coste inicial previsto. Más inquietante, el Ministerio de Industria cuenta a quien quiere escucharle que se ha disparado hasta los 1.700 millones. Todo un ejemplo emblemático de los modificados que han hecho de oro a las constructoras al calor de las vacas gordas», señala el periodista Agustín Marco.

Castor: una catástrofe medioambiental que provoca terremotos

Castor: una catástrofe medioambiental que provoca terremotos

Dentro de estas maniobras de distracción y engaño al ciudadano, se encuentra la reciente declaración del presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner (PP), quien ha anunciado acciones legales «contra los ex ministros responsables de la tramitación y la adjudicación de la concesión de almacenamiento subterráneo del proyecto Castor en el caso de que haya indicios de negligencia en el proceso llevado a cabo por el Gobierno de España entre 2008 y 2010». Moliner mencionó los nombres de Cristina Narbona, Elena Espinosa, Miguel Sebastián y Joan Clos por sus distintas responsabilidades en el proyecto, aunque no citó los de José Montilla y Carmen Chacón, que también tuvieron una participación directa en el mismo.

Moliner también se «olvidó» de los otros cuatro ministros del PP que avalaron con su firma esta peligrosa iniciativa energética: Josep Piqué, Anna Birulés, Rodrigo Rato y José Manuel Soria. «Espía en el Congreso» está en condiciones de proporcionar la lista completa con los diez ministros afectados que, en caso de terremoto destructivo o cierre del proyecto, tendrían que responder con su patrimonio por haber rubricado los permisos a la empresa ACS-ESCAL-UGS.


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