Pese a la censura mediática, el desgraciado accidente de tráfico de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha puesto de relieve el enorme malestar de la sociedad española contra los privilegios de los políticos, que llegan incluso a los delitos de seguridad vial. Aunque numerosos medios han suprimido los comentarios de los lectores, los ciudadanos han podido hacer llegar en los foros de varios diarios sus demandas: desean para Jaime O. G. J., el conductor del BMW que atropelló a Cifuentes, el mismo indulto que recibió Ramón Ríos Salgado, el conductor «kamikace» que mató a José Dolz y que fue indultado por el Gobierno cuando contrató los servicios jurídicos del bufete de Uría y Menéndez. Allí trabajan un hijo del ministro de Justicia, concretamente José Ruiz Gallardón y el hermano del ex secretario de Estado de Justicia, Ignacio Astarloa, pues Esteban Astarloa fue incluso quien lo defendió.

Miguel Angel Rodríguez, "juicio rápido" en mayo por alcoholemia pero confía en no ser condenado

Miguel Angel Rodríguez, «juicio rápido» en mayo por alcoholemia pero confía en no ser condenado

UnknownLos lectores comparan el caso de Cristina Cifuentes con el de Miguel Angel Rodríguez, el ex portavoz del Gobierno del PP que fue detenido cuando cuadriplucaba la tasa de alcoholemia y embistió con su Mercedes A-160 a varios coches que se encontraban estacionados en una céntrica calle madrileña. La borrachera de Rodríguez era descomunal, pero el alegó que el agente de policía que lo detuvo era sudamericano y le tenía «inquina», además de negar que hubiera tomado tantas copas como el alcoholímetro evidenciaba. Ahora está a la espera de sentencia tras un «juicio rápido» que tuvo lugar en mayo, pero la condena no ha sido aún hecha pública e incluso el aludido ha comentado en las numerosas tertulias televisivas en las que sigue participando (las televisiones españolas no son precisamente un modelo de ejemplaridad en el mundo) que espera ser absuelto.

La combinación de alcohol y conducción temeraria que afecta a Rodríguez no es el único entre la clase política española y se destapó al saberse que el Congreso de los Diputados y el Senado, así como numerosas cámaras autonómicas y cafeterías de Ministerios, rebajaban el precio del alcohol a sus clientes. Diputados y senadores pueden tomar «gin tonics» a poco más de 3 euros gracias a una cuantiosa subvención pública de 4,5 millones de euros para sus 10 bares exclusivos, que, a pesar del escándalo, no ha sido retirada. Muy al contrario, fue refrendada por PP, PSOE y CiU.

Al saberse el asunto, muchos ciudadanos subieron a «Youtube» vídeos comprometedores. Un ministro como Alberto Ruiz Gallardón (PP) y un diputado como Emilio Olabarría (PNV) fueron sorprendidos en actitud poco decorosa ante las cámaras, mientras que el senador Casimiro Curbelo (PSOE), el diputado Ignacio Uriarte (PP), el alcalde de Trujillo, José Antono Redondo (PSOE) o el de Coín (Málaga), Gabriel Clavijo (PSOE), fueron sorprendidos por el alcoholímetro de la Guardia Civil.

La lista de políticos sorprendidos con alcohol al volante es interminable en España: Roberto Sanz Pinacho (PP), y Jesús Aguilar (PP), Joan Antoni Pérez (IU), Manuel Cercadillo (PP), Manuel García Torres (PSOE), Antonio Gutiérrez Limones (PSOE), José Domingo Doblado (PP), Francisco Amizián (PP), Dimas González (PSOE), Nicolás José Navarro (PP), Adelino Macías (C LL), Luis Caamaño y Vicente Ferrer (PP). El último y más sonado accidente ha sido el de Angel Carromero, que tuvo lugar en Cuba y contaba con un amplio historial delictivo en materia de tráfico, pese a lo cual fue ascendido a su regreso a España en su condición de dirigente de las Nuevas Generaciones del PP.

La célebre pancarta de los Bukaneros contra Cifuentes

La célebre pancarta de los Bukaneros contra Cifuentes

En el caso de Cristina Cifuentes, a la creciente impopularidad de los políticos españoles se ha unido además su escaso aprecio ciudadano a raíz de la persecución contra los manifestantes que protestan contra la partitocracia que rige en España. Cifuentes ha sido denunciada por violar el derecho a la manifestación que recoge la Constitución y por multar a los que lo ejercen. En el popular barrio de Vallecas, los «Bukaneros» que encabeza el conocido activista Alfonso Fernández Ortega «Alfon», denunciaron en una pancarta en el estadio vallecano a su marido, Francisco Javier Aguilar Viyuela, que fue condenado en un procedimiento civil con un exempleado por el impago de salarios. El presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, intenta silenciar las protestas prohibiendo las pancartas en el campo, lo que ha suscitado un aluvión de quejas entre los aficionados por la falta de libertad de expresión.

Cifuentes también ha sido denunciada por otro ciudadano, Antonio López y los abogados Jesús Díaz Formoso, Paco Bello y Belén Luján Sáez, por favorecer los desórdenes públicos que tuvieron lugar en Madrid con las protestas ciudadanas, ya que varios agentes de policía fueron infiltrados en las mismas. Muchas personas suscribieron esta denuncia, que se ha convertido en una querella colectiva. También los diputados Ricardo Sixto y Alberto Garzón, de Izquierda Unida (IU), presentaron una querella contra Cristina Cifuentes en el Juzgado 18 de Madrid por las 300 multas de 500 euros impuestas durante la protesta convocada por la Coordinadora 25S por su exitosa acción de «Rodea el Congreso». La querella fue desestimada. Otros letrados de la «comisión de legal» del Movimiento 15-M le interpusieron otra demanda por sancionar con 300 € a un ciudadano que participaba en las protestas del 17-S.

Cifuentes y Carromero, dos accidemtes de tráfico con polémica

Cifuentes y Carromero, dos accidemtes de tráfico con polémica

Los comentarios de los lectores contra Cifuentes han provocado una sonora polémica en España. Los diarios «El País» y «El Mundo» los han censurado, mientras que 20 minutos o El Confidencial sí los permiten, lo que ha provocado un aluvión que ha llegado hasta las 578 y 256 participaciones, respectivamente. Otros medios oficiales como Europa Press o Cadena SER sí los han tolerado, mientras que en otros casos extremos, periodistas y mass media han mostrado una extraordinaria beligerancia hacia los mismos: el periodista Arcadi Espada ha acusado a Twiter de hacerse eco de los mismos, mientras que Periodista Digital llama a sus usuarios «fascinerosos» por «desear la muerte de la delegada del Gobierno». Y lo cierto es que, lejos de suscitar pena o solidaridad, el accidente de tráfico de Cristina Cifuentes ha puesto en evidencia el enorme desapego que la ciudadanía muestra cada vez más hacia sus políticos.

Lea los comentarios de los ciudadanos en los diferentes periódicos que no los han censurado:

20 Minutos

Cadena Ser

Europa Press

El Confidencial