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Pronto se celebrará en España el 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, un eufemismo o broma macabra en nuestro país. Y los sindicatos oficiales volverán a las calles, esta vez con muchos más ciudadanos detrás que de costumbre. Pero no se engañen, no serán afiliados la mayoría. La situación explosiva que se vive en las familias en paro, con extrema pobreza o mínimos ingresos hace que los líderes de las centrales sindicales estén preocupados por esta aglomeración.

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Ellos no convocan ya manifestaciones fuera de esta fecha porque temen ser desbordados por las masas. Ahora las hacen movimientos ciudadanos como las Mareas, el 25-S o el 15-M. Y este próximo miércoles 1 de mayo se va a producir una nueva concentración ciudadana masiva. Los españoles no desean corear las cuatro consignas y eslóganes de siempre y regresar luego al hastío cotidiano tras escuchar por enésima vez a los orondos Cándido Méndez y Toxo con las mismas vacuidades y lemas de siempre. Esta vez quieren un cambio de verdad o más bien lo necesitan. Es la desesperación quizás.

No es con recorte de funcionarios ni interinos para aumentar aún más el paro con lo que se soluciona esta emergencia nacional. Al revés. Se trata de rescatar a los demás ciudadanos que no viven al amparo de un sueldo o subvención del Estado, sufragado por los 47 millones de españoles con sus impuestos. Los ciudadanos que viven hoy con sueldos públicos o en empresas reguladas, subvencionadas o contratadas por las administraciones públicas, aunque la mayoría hayan sido recortados, si se comparan con lo que tienen alrededor, pueden al menos subsistir. No todos pueden hacer ni decir lo mismo.

Es hoy una exigencia que el derecho al trabajo, como a la salud, la educación o el agua, debe procurarlo el Estado. Si no hay economía privada ni mercado, como nos dicen que no habrá al menos hasta 2015, los políticos deben entonces asumir el problema que ellos han generado y dar empleo a todos, el mismo que ellos y sus familias ya tienen con nuestro dinero. Solo se reclama igualdad de trato. Si hay un bien escaso de extrema necesidad hay que repartirlo. No podemos esperar 3 años a que caiga el maná del cielo si nadie pone manos a la obra.

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Cada ministerio, autonomía, ayuntamiento o diputación debe registrar a todos los parados de ámbito laboral y profesional y darles trabajo o un sueldo. Para ello debe suprimir todos los gastos y adjudicaciones. El INEM, con sus mil nombres y mil caras, se ha revelado una cueva de vividores que reparten el poco empleo que surge con criterios de afinidad familiar o política. El Gobierno dice que lo controlan los sindicatos y no puede hacer nada. Debe entonces inventar otras fórmulas o dimitir para que en unas elecciones surjan otras opciones ciudadanas que piensen como abordar mejor este gravísimo problema de emergencia social y nacional.

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Las palabras no reflejan bien el dramatismo de este devastador incendio social que nos rodea. Ya no es una cuestión política contra los partidos, el Gobierno, la oposición o los sindicatos, que pertenecen al Estado y no necesitan ganarse la vida a diario en la calle vendiendo sus servicios o sus mercancías. La sospecha generalizada además es que nunca lo han hecho. Es una cuestión de supervivencia. Solo ellos pueden administrar los escasos recursos públicos que no han sido derrochados o corrompidos hasta que podamos acercarnos a una urna, ya que se hace hasta ahora imposible hacer llegar los gritos de dolor al Congreso. Quizás el 1 de Mayo puedan escucharlos de nuevo.


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