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Es un delito moral y no solo penal que un solo euro público se malgaste o se corrompa hoy en un servicio, contrato o suministro que no esté debidamente sopesado, investigado y analizado. La situación llega al absurdo de que los funcionarios de la Presidencia del Gobierno poseen una sanidad privada extra pagada con fondos públicos de los demás contribuyentes. Y cuando el resto de la ciudadanía y de las empresas mira al céntimo el gasto, la misma Presidencia del Gobierno renueva los trajes de sus empleados a precios inverosímiles. O se compra una guillotina para sustituir a otra. Cuidado con los sarcasmos del destino que los carga el diablo.

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Son solo un botón de muestra pero existen 1 millón de contratos públicos que hay que revisar. La oposición no desea levantar las alfombras y la prensa ha perdido su capacidad de investigación debido a su bancarrota económica y a veces moral. Es por tanto una tarea exclusivamente ciudadana y de supervivencia.

No tengo ninguna fe en que esta modesta propuesta que hago desde este aún más humilde blog encuentre eco alguno en los partidos, sindicatos o en lo poco que queda de la sociedad civil articulada. Sí creo en cambio en la honradez de la inmensa mayoría de los españoles, y ejemplos están surgiendo cada día más que se atreven a denunciar lo que están viendo en sus ámbitos más cercanos. Serán los gestos personales que sean ejemplo para los demás los que amedrenten a los que cometen estos abusos con los caudales públicos o con la conducta política o administrativa.

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Guerrero (PSOE), ERES de Andalucía

Guerrero (PSOE), ERES de Andalucía, más arriba cargos de CiU detenidos y al principio, Bárcenas (PP)

Pensar que en la época de internet y de la transparencia digital todo lo cometido y actuado en la gestión pública no se va a saber nunca, es de una ingenuidad o una desfachatez pasmosa. De ahí mi propuesta: todo contrato, gasto, suministro o servicio público debe quedar en suspenso hasta ser revisado con criterios de utilidad pública o extrema necesidad social. Y todos deben ser accesibles con la máxima transparencia desde internet (la web de Contratación del Estado es una broma de mal gusto pagada seguramente a precios millonarios). Todos los contratos y las adjudicaciones deben poder ser cotejadas por los ciudadanos hasta el último céntimo. Ellos dirán que esta razonable utopía conduciría al caos. Pero lo cierto es que la inacción que nos gobierna o que ejerce la oposición política y social ya nos ha adentrado tanto en el pozo del riesgo colectivo que si no nos atrevemos siquiera a esbozar y practicar el control público se agravará aún más la catástrofe en la que la mayor parte de los españoles ya vivimos.


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