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La web oficial del Estado sobre contratos públicos alberga 1 millón de concesiones en sus 50.000 páginas. No es todo el dinero público que se gasta en España, ni mucho menos, pero la atenta lectura solamente a las primeras entradas con los contratos y adjudicaciones de ministerios, autonomías, ayuntamientos, diputaciones, universidades, organismos, entes, etc… aflora que políticos y altos funcionarios no son conscientes del dramatismo diario en que vive una parte sustancial de la sociedad española.

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Los ciudadanos no aciertan a explicarse qué está ocurriendo, ni saben bien su origen (aunque lo intuyen), y cargan contra los políticos. Sólo los más informados podemos vislumbrar algo de lo que pasa. Causa auténtico terror comprobar como se sigue gastando con los impuestos superfluos suministros, actividades y servicios totalmente prescindibles y con sobreprecios abultados. Ya se denunció en Italia y no se pudo hacer nada. Es una inercia de décadas que la administración de todos los partidos y colores políticos nunca se ha preocupado de controlar y ahora no ve manera, ni ganas, ni se pone atención ni énfasis en hacerlo para no soliviantar aún más a los perjudicados, profesionales y empresas privadas dependientes del Estado. Pero el hundimiento económico de los españoles exige un plan de acción nacional de todas las instituciones públicas porque se percibe un deterioro muy radical de la convivencia hacia la «burbuja» pública, que está totalmente autista con lo que pasa. Y los paganos van a ser los políticos.

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En España ya se ha socavado gravemente no solo la representación política e institucional, no verlo es de una ceguera tal que sobrepasa la negligencia sobre lo colectivo y se raya en el juicio penal. En los hogares se pasa miedo. Ha vuelto el hambre a España y las cifras de paro son tercermundistas. La precariedad laboral y el hundimiento del consumo está generando pánico en el pequeño y gran comercio. Hay profesionales y profesiones enteras que se han hundido. La emergencia nacional que sufre España exige suspender todos los gastos y contratos públicos para someterlos a criterios de extrema necesidad. Ese dinero debe destinarse en su totalidad y de forma exclusiva a empleo y asistencia social. Porque cuanto más tarde se adopte esta drástica medida, peores serán las consecuencias sobre los gestores políticos de las últimas décadas.


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