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Un retrato del presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaria: 46.400 euros (más de siete millones de pesetas). Agraciado: Antonio Agudo, catedrático. Un estudio sobre «El Consejo de Estado durante el Régimen Constitucional»: 48.000 euros (ocho millones de pesetas). Agraciado: José María Martín Oviedo (el precio luego subió a 56.000 euros), que fue secretario general del Consejo de Estado, banquero de la Banca Masaveu, alto cargo del Ministerio de Industria y presidente del Consejo Rector de RTVE. Procedimiento: restringido (lo cual quiere decir a dedo del anterior presidente Francisco Rubio Llorente). Y la guinda: «Realización de retratos fotográficos de cada uno de los miembros de la Comisión Permanente del Consejo de Estado: Presidente, Consejeros Permanentes de Estado y Secretaria General». Procedimiento: Negociado sin publicidad (a dedo). Agraciada: Ana María Torralbo, profesora de la Universidad de Salamanca. ¿Por qué los contribuyentes tienen que pagar los retratos de los políticos? ¿Acaso no se les retribuye ya generosamente? La vanidad y el despilfarro no tienen límites.

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Este «cementerio de elefantes» político que es el Consejo de Estado (10,4 millones de euros anuales) posee presidencia, pleno, comisión permanente, comisión de estudios, secretario general, secretario particular y un sinfín de microorganismos que anidan y abrevan en sus presupuestos. Nombres como Zapatero, Marcelino Oreja, Landelino Lavilla, Rodríguez-Piñero, Herrero de Miñón, Fernando Ledesma, Teresa Fernández de la Vega, Alberto Aza, Juan José Laborda, Isabel Tocino, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, José María Michavilla o Ana Palacio, entre otras muchas decenas, figuran en su nómina.

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El mantenimiento de este órgano tan inútil como desconocido que sirve de refugio para que presidentes, vicepresidentes y ministros del Gobierno sigan cobrando algunos años más sueldos millonarios y aparenten como que siguen trabajando para el «Estado» es igualmente escandaloso: Mantenimiento: 220.000 euros, Limpieza: 360.000 euros, Seguridad: 237.000 euros. Otra limpieza: 434.000 euros. Otro mantenimiento: 248.000 euros. Estos gastos de los últimos años jamás han sido impugnados porque son aprobados por PP, PSOE, CiU y el resto de los partidos. Jamás han sido denunciados ni investigados en el Congreso, pues los sillones del Consejo de Estado los ocupan «ex jefes» de los propios partidos políticos. ¿Devolverán algún día lo despilfarrado y abusado?

 


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