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La austeridad es necesaria y ahora obligada, el problema es que la practican los ciudadanos, nunca los políticos y sus familias nilos partidos o sindicatos que dependen del Estado con subvenciones. Son datos oficiales hechos públicos en el Congreso: 4000 empresas públicas, disfrazadas con el nombre de entes, fundaciones, sociedades, etc…, dependen de las administraciones locales. Estados y Autonomías, aparte. Y además los ayuntamientos no son 8.000, como se creía hasta ahora, sino que los «entes locales» ascienden a 15.000 por la aparición de otros entes, que son los que realmente funcionan en los pueblos dispersos, como las mancomunidades. El problema, como ya dijo Cristóbal Montoro a los periodistas, es que suprimir las 4.000 empresas públicas locales, Diputaciones, Senado, etc supone echar «a dos millones de personas al paro», lo que lo elevaría hasta los 8 millones.

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Los diputados lo saben y prefieren que el sistema «se caiga» a acabar con esta dramática situación: ex-políticos, familiares, allegados, amigos, etc… trabajan para las 4000 empresas públicas dependientes de la administración local y aunque no poseen el estatus de «funcionario», al menos cobran puntualmente. Ellos y los funcionarios cobran antes de que concluya el mes, tienen pagas extras, horarios laxos y funciones y utilidades poco definidas que ni la prensa ni el resto de los ciudadanos detectan. Lo mejor para ellos es pasar desapercibidos y limitarse a cobrar.

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La realidad es que los gastos de las administraciones son imposibles de controlar por ellas mismas, en España ni siquiera existe una relación de puestos de trabajo, salarios y funciones. El «saqueo» de los políticos que llegan y la complicidad de los funcionarios corruptos que, o bien se «pringan» con el político de turno, o bien no mueven un solo papel para evitar «contaminarse», hacen de la inacción o la corrupción administrativa práctica generalizada. El «hallazgo» de una cuenta corriente con 300.000 euros en una delegación de la Junta de Andalucía que estaba siendo sustraída es un buen ejemplo de un mal muy extendido y endémico. Nadie controla nada, nadie sabe nada y nadie pregunta nada, pero los más vivos se aprovechan. La necesidad de auditorías y controles de empresas externas para suprimir o minimizar servicios o gastos es la única solución posible, pero lo cierto es que los políticos saben que esa «austeridad» sería a costa suya o de sus familiares y por eso no la practican.

 


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