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Las comisiones de investigación en el Congreso han sido siempre un fiasco. Lo novedoso ahora es que la oposición ya no las pide. ¿Por qué? En el caso de la gigantesca estafa millonaria de los 15 aeropuertos construidos sin que haya aviones que los hagan rentables la razón es clara: los partidos se tapan unos a otros y a ello se aplican PP, PSOE, IU, PNV, CiU y otras formaciones regionalistas. Hoy voy a hablarles del despilfarro de los aviones y en un próximo artículo lo haré sobre los tranvías, que es otro escándalo mayúsculo del que apenas nadie habla en la Cámara Baja, pues afecta a los ayuntamientos.

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Con el apoyo de los ministros Cascos (PP), «Maleni» Alvarez y «Pepiño» Blanco (PSOE), nueve comunidades autónomas se empecinaron en construir aeropuertos sin aviones o claramente deficitarios. Pero lejos de cerrarse y dar por finiquitado el proyecto asumiendo el fracaso, las autonomías y el Gobierno central los siguen subvencionando para que no crezca el escándalo y llegue a la opinión pública. La crisis ha agravado además la situación y ya no solo son 15 sino 26 los aeropuertos con pérdidas, según un informe de Fedea. La faraónica obra de la T-4 en Barajas ha logrado además un imposible: el aeropuerto con más viajeros es el que más pierde: acumula más de 400 millones en pérdidas. ¿Quien se los ha llevado? ¿Quien lo programó? ¿Quien lo aprobó? Nada se sabe, todos los partidos se cubren unos a otros para impedir que el ciudadano sepa el rastro del dinero y del político que lo derrochó, si es que no se lo apropió.

Sorprende que si el recorte de profesores y sanidad ha sido tajante y abrumador, los aeropuertos sin actividad o de ínfimo movimiento sigan abiertos. El motivo es claro: los mandaron construir 9 presidentes autonómicos con dinero público, implicaron en ello a las cajas de ahorro públicas y asumir ahora el cierre significaría un golpe político de inconmensurables consecuencias, dado que los ciudadanos demandarían conocer la totalidad de los costes empleados.

Esta es la razón por la que ningún grupo parlamentario pide en el Congreso una comisión de investigación: a todos los partidos les salpica el escándalo y todos están dispuestos a taparlo. Una comisión de investigación obligaría a tener que proporcionar los datos de inversión y coste en dinero público, ya que España carece de una ley de transparencia que obligue a proporcionar estos datos.

A día de hoy, 15 aeropuertos españoles tendrían que cerrar sus puertas en esas 9 autonomías y sus responsables políticos, financieros y bancarios deberían responder penalmente por su desastrosa gestión, además de comprobarse qué dinero público se quedó por el camino.


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