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El abogado y notario republicano, Antonio García Trevijano, que fue líder del Grupo Demócrata Independiente durante la Transición y defendía una república constitucional para España similar a la de Estados Unidos, Alemania, Francia o Suiza, defendió los «escraches» en casa de los políticos como un rasgo fundamental de una democracia: el derecho a la protesta ciudadana.

Antonio García Trevijano

Antonio García Trevijano

Trevijano señaló que los escraches no estaban siendo violentos y se limitaban a proferir insultos contra los políticos: «El derecho de manifestación autoriza la violencia verbal en sus eslóganes y pancartas. ¿Qué es la política sin insultos?», se preguntó el notario, que apuntó que una protesta ciudadana no puede nunca declararse ilegal: «lo ilegal son las multas, porque deben ponerlas los jueces, nunca la propia administración contra la que se protesta».

«El escrache es peligroso si pasa de la violencia verbal a la física, pero tienen derecho a proferir palabras insultantes contra los políticos, incluido el rey. Si no hay una autoridad judicial que verifique el delito de injuria, la policía no puede hacerlo porque excede sus funciones. La policía solo debe velar porque la agresión verbal no pase a ser física. Felipe González, que es un criminal de Estado, que ordenó las escuchas al rey y los asesinatos de los GAL, nos habla de porqué presionar a los niños que viven con los políticos. Es un contrasentido».

«No es comparable con los judíos y los nazis, ni con los escraches en Argentina a los militares que tiraban a los disidentes desde los aviones. Y en España, cuyos políticos están plagados de corrupción, los ciudadanos no se les puede acercar a 300 metros. Las Constituciones impiden acercarse a las cámaras legislativas y ahora quieren proteger también los domicilios de los diputados. Se indignan por los escraches, pero no por los 6 millones de parados. Antes había un cierto orden en la miseria pero ahora ésta ha entrado en el desorden».

El abogado defendió la actitud «sincera» y «simpática» de otros ex políticos como Vestringe (antes lo ha hecho con otros como Anguita) y afirmó que «mientras España siga padeciendo un paro tan descomunal como son 6 millones de personas, los políticos no tendrán derecho siquiera a protestar, mucho menos a criminalizar a los que protestan contra ellos».  Y añadió: «Si no pueden solucionar el paro, que dimitan todos».


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