El Tribunal de Cuentas protege con el anonimato al alcalde y al concejal que acumulan 44 y 18 cargos públicos

RTVE no es el único ente empresarial “zombie”, que dicen los economistas (empresas con gasto desbocado y ausencia de control dependientes del crédito bancario o del Estado, que al final es lo mismo) El Tribunal de Cuentas, que teóricamente fiscaliza los desmanes de la administración, afirma que el récord de abuso lo ostentó, en el 2010, un alcalde al que el Tribunal de Cuentas no identifica pero que llegó a compatibilizar su labor como regidor con otras 44 actividades asociadas o no al consistorio. La ausencia de límites en la legislación municipal ha llegado en los últimos años hasta extremos esperpénticos sobre los que el órgano fiscalizador urge a que se establezcan topes, tanto en el número de posibles compatibilidades como en el importe global que perciben por asistir ¡a trabajar!. El tribunal encontró también un vicealcalde con representación en otras 18 entidades públicas y privadas y un concejal con 32, que obtuvieron también el récord en sus respectivas categorías. Tampoco da el nombre, hasta carecemos del derecho a la transparencia para saber a quienes pagamos y quien nos roba. Mayor inutilidad institucional no cabe. ¿Cuanto nos cuesta?

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En Baleares un alto cargo autonómico precisa como en cinco ocasiones entregó 20.000 euros de dinero sucio de la corrupción al consejero Cardona, en actos delictivos que sucedían en el despacho oficial del Gobierno balear de Jaume Matas. Cardona se enfrenta a una posible condena de 21 años de cárcel, una de las penas más altas solicitadas para un político en España por corrupción. Da igual: Matas sigue libre, aunque haya sido condenado. Hoy es Baleares, ayer Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Galicia, Cataluña, La Mancha… Quien esté libre de pecado… Pero las autonomías, aún quebradas por sus desmanes, seguimos pagándolas entre todos gracias a la respiración asistida que les brindan Rajoy y Montoro, con la complicidad de Rubalcaba y los nacionalistas, claro.

El ciudadano tiene derecho a saber a quienes paga, cuanto y por qué. Es lo mínimo exigible en una supuesta democracia. Listas de personas, sueldos y función, como en cualquier empresa con dos dedos de juicio. El Tribunal de Cuentas protege con el anonimato los abusos, en RTVE no se conocen los sueldos públicos de la plantilla porque al parecer hay periodistas con sueldos tan escandalosamente altos, fuera de mercado, que supondría un shock saberlo… Sobre todo a sus compañeros, claro. Ese mercado que tanto dicen defender no vale para ellos. Abusos delictivos con dinero público que quedan impunes de forma permanente, no hay manera de echar a un funcionario corrupto, desleal o irresponsable. ¿Entienden ahora por qué naufraga la democracia? Las élites se la han cargado y recuperar la decencia va a ser tarea hercúlea de los ciudadanos honrados.

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